El teletrabajo está considerado por la Comisión Europea como una modalidad de prestación de servicios que supone un paso hacia la modernización y que trae múltiples ventajas tanto para la organización como para el personal afectado. Así lo entendió el Consell la pasada legislatura con la aprobación de un decreto por el que se reguló la prestación de servicio en régimen de teletrabajo del personal empleado público de la Generalitat. La norma entró en vigor en julio de 2016 y obtuvo una buena acogida por parte de los sindicatos. Sin embargo, tres años después el acuerdo se ha convertido en la práctica en papel mojado.
Ninguna conselleria se ha interesado por el mismo, por lo que a fecha de hoy, ninguno de los más de 15.000 empleadas y empleados de la Administración del Consell tienen esta modalidad de trabajo que implica poner fin al presencialismo y trabajar desde sus respectivos domicilios.
El decreto, firmado por el presidente Ximo Puig y la titular de la Conselleria de Justicia, Gabriela Bravo, establecía con todo lujo de detalles el procedimiento para poder implantar esta herramienta en la Generalitat. La puerta estaba abierta para numerosos puestos de trabajo, aunque se exceptuaban aquellas plazas de atención e información a la ciudadanía, los de naturaleza eventual, los libres designación y los puestos con funciones de dirección, coordinación y supervisión. También, lógicamente, todos aquellos que necesariamente requerían en la prestación servicios presenciales, como es el caso de centros de servicios sociales, emergencias, etc.
La cláusula presupuestaria
Pese a estas limitaciones, las posibilidades eran enormes, si bien el punto de partida para iniciar el procedimiento era que desde las subsecretarías de cada conselleria se hiciera una propuesta con la identificación del colectivo o del area funcional en la que se pretendía incorporar el teletrabajo, así como los puestos de trabajo afectados. Estos proyectos deberían remitirse a la Dirección General de Función Pública, así como a la dirección con competencias en tecnologías de la información ya que implantar el teletrabajo requiere adaptaciones técnicas en el domicilio, así como un sistema garantista de protección de datos.
El decreto incluía una cláusula fundamental: la presupuestaria. Así, para la aprobación de los programas de teletrabajo era condición indispensable la existencia de crédito presupuestario suficiente «para poner al alcance del colectivo solicitante la infraestructura informática, la formación, y demás requisitos necesarios». Sin embargo, ninguno de estos informes han sido necesarios.
Fuentes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas confirmaron que en los últimos tres años no han recibido ningún proyecto de teletrabajo, por lo que la herramienta no ha sido explorada por ningún departamento. Además, según las mismas fuentes, en la actualidad no consta que exista ninguna persona funcionaria trabajando desde su domicilio.
Cabe recordar, tal como recoge el decreto, que a través de una instrucción de la Dirección General de Administración Autonómica de diciembre de 2010 se aprobó un programa experimental de teletrabajo desde el domicilio y que fue objeto de varias prórrogas. Este programa se centró en el colectivo de técnicos lingüísticos. Un total de quince personas, en su mayoría traductoras, se apuntaron al programa. La propia conselleria indica que con la experiencia piloto se «ha constatado las ventajas que supone esta modalidad de prestación de servicios tanto para la organización, como para las personas intervinientes».
Tesón de las trabajadoras
De hecho, el proyecto surgió en buena medida por el tesón de estas trabajadoras que, una vez agotada la experiencia piloto, estuvieron peleando para que la Generalitat regulara este sistema de trabajo. El decreto llegó por fin en 2016 y se presentó como una medida de racionalización y modernización en la Generalitat, ya que suponía la gestión del tiempo de trabajo basado en las nuevas tecnologías, Permitía, además, atender las demandas de las medida de conciliación de la vida familiar, personal l y laboral. «Allá donde hay experiencias de su implantación, se ha manifestado sus bondades», incluía el decreto.
Tres años después se ha demostrado la dificultad de introducir cambios en una organización que opone resistencia a estas nuevas formas de trabajo. Cabe apuntar que la adhesión al teletrabajo es voluntaria, pero el personal sólo puede acogerse si su conselleria impulsa un proyecto concreto.
