El grupo municipal Compromís ha presentado un escrito al juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula en el que advierte al magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, de los retrasos en la investigación de la presunta caja B del PP en el Ayuntamiento de València.

Según apuntaron fuentes jurídicas, la última notificación sobre este asunto se produjo en diciembre de 2018, fecha en la que la Fiscalía Anticorrupción habría solicitado una prórroga extraordinaria para continuar con la investigación. Por tanto, en los últimos nueve meses, ni acusaciones ni defensas han tenido conocimiento de nuevas diligencias.

Ahora, la coalición valencianista, personada como acusación popular en el caso Taula, ha trasladado al juzgado su preocupación por la investigación «dado el tiempo transcurrido sin que en la presente pieza separada se haya dictado resolución alguna», según consta en el escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Los abogados de Compromís afirman que «aun siendo consciente esta parte de la enorme complejidad de la causa en su conjunto, en evitación de que se causen dilaciones indebidas, que también afectan al derecho de esta acusación popular, intereso que se dé a la causa el oportuno impulso procesal, dictando al resolución a que haya lugar en Derecho».

Esta pieza separada surgió a raíz de que la Guardia Civil destapara una presunta mecánica de blanqueo de capitales para aflorar 50.000 euros de dinero negro que irían destinados a la última campaña de Rita Barbera, en las municipales de 2015.

Ingresos de mil euros

Según el sumario, los exconcejales y cargos del PP investigados habrían realizado un ingreso de 1.000 euros a una cuenta corriente que estaba a nombre del partido y escapaba de cualquier tipo de control.

A continuación, la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, devolvía el dinero en dos billetes de 500 euros, según desvelaron los testigos y las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez. No es habitual que una acusación popular presente escritos pidiendo un «impulso procesal» en una investigación por corrupción. Las defensas llevan meses pidiendo al juzgado que cierre ya esta investigación, pero es la primera vez que una acusación se suma a esta petición.

El caso con mayor número de imputaciones es Taula, que acumula 129 investigados en las siete piezas abiertas. Entre ellos está el expresidente de la Diputación de València y del PP provincial Alfonso Rus y algunos de sus más cercanos colaboradores. Solo la pieza que investiga al PP blanqueo tiene 50 investigados. Incluye la subpieza de Laterne que investiga a Alfonso Grau, exvicealcalde de València, por financiar ilegalmente las elecciones de 2007. En esta pieza está imputado como persona jurídica el propio Partido Popular.