Han pasado cinco meses desde que se firmó el preacuerdo, cuatro días antes de las elecciones autonómicas, pero el nuevo convenio colectivo que debería mejorar sustancialmente las condiciones del personal laboral de las universidades públicas valencianas y atajar el conflicto salarial con los profesores asociados continúa sin ver la luz.

Cinco sindicatos han alzado la voz contra un retraso que consideran «excesivo», «inexplicable» y fruto de la «inacción» porque el texto del acuerdo -que engloba al personal docente e investigador, el personal técnico y de apoyo a la investigación y el personal de administración y servicios- «estaba totalmente cerrado» después de tres años de negociaciones, a falta de su ratificación formal por parte del gobierno autonómico.

Tras la última reunión con la conselleria, hace una semana, las fuerzas que representan a los trabajadores apuntan a dos escollos para explicar la demora: por un lado, las objeciones planteadas por el Ministerio de Hacienda a las mejoras salariales y las dudas sobre si la Generalitat debería ser parte firmante del convenio, como reclaman los sindicatos, al ser «garante de su aplicación». El secretario autonómico de Universidades e Investigación, Rafael Tavarés, resta en cambio trascendencia a estas causas y señala las elecciones autonómicas y el posterior reajuste de la organización del gobierno como los factores principales de la demora, junto a la falta de actividad propia del mes de agosto, la lentitud administrativa y las inyecciones extraordinarias de la Conselleria de Hacienda para reparar los daños de la última DANA. El preacuerdo lo firmó la Conselleria de Educación, que ha dejado de tener las competencias en materia de universidades.

El bloqueo retrasa la llegada de 8 millones de euros comprometidos con las universidades. Ante las dudas de los sindicatos, Tavarés subraya que esa partida se mantiene intacta pese a los ajustes presupuestarios del Consell, a tiempo que mantiene el «compromiso absoluto» de que la primera actualización del convenio en 22 años pueda firmarse este mismo mes de octubre con tal de resolver la situación «antes de diciembre», con efectos retroactivos a 1 de enero de 2019. Las obligaciones económicas continuarán en los ejercicios siguientes, hasta 2023. «Si el dinero está consignado, no entendemos la demora», lamentan en STEPV.