Un proceso complicado de separación o divorcio puede desencadenar una lucha fratricida entre progenitores que acaba afectando a los hijos en común. Los niños, en ocasiones, son utilizados como arma arrojadiza entre padres y madres que anteponen su guerra personal a los intereses y el bienestar psicológico de sus descendientes. Reproches y ataques permanentes cronifican un conflicto que, habitualmente, se traduce en denuncias cruzadas que acaban engordando los litigios y, con ello, colapsando los juzgados de familia.
Los medios de ejecución clásicos de los órganos judiciales resultan a veces insuficientes para normalizar las relaciones entre adultos que no han querido o no han sabido diferenciar su rol de pareja de su papel como padres. Ahora, son los propios jueces de la Comunitat Valenciana los que están ordenando que intervengan coordinadores parentales para intentar reconducir estas situaciones y, sobre todo, proteger a la parte más vulnerable, los hijos, afectados muchas veces por desajustes emocionales y con problemas en el ámbito personal, social y escolar. Se trata de una fórmula que se está utilizando ya en Madrid, Cataluña y Aragón tras ser importada de Estados Unidos y extenderse por Europa.
La coordinación de parentalidad es un procedimiento que, por orden de un juez de familia, sirve para ayudar a las parejas que han terminado su relación a encauzar de nuevo la situación para evitar nuevos conflictos y garantizar el bienestar de los menores. Los especialistas realizan un seguimiento del efectivo cumplimiento de las sentencias judiciales e informan al magistrado de la evolución de cada caso.
Según fuentes de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, en lo que va de 2019 se han gestionado 62 expedientes de este tipo en la Comunitat, tras firmar un convenio con el Colegio Oficial de Psicología y crear el primer turno especializado de peritos en parentalidad. Es la Generalitat.
Enfrentamientos
En España, seis de cada diez matrimonios acaban en ruptura. La realidad evidencia que casi cualquier cuestión, por baladí que parezca, puede ser causa de un enfrentamiento entre excónyuges que, incapaces de llegar a acuerdos, recurren al juez de manera constante. Elegir en qué colegio estudia un hijo, si debe tomar la Primera Comunión, cómo y cuándo celebrar el banquete, a qué edad debe tener un móvil, quién acude a su fiesta de cumpleaños o dónde viajará en vacaciones son motivos suficientes para que una de las partes emprenda acciones legales contra la expareja. A ello se le suman los incumplimientos en el régimen de visitas, custodia compartida o falta de transferencias económicas por manutención. A menudo, en medio de la guerra se encuentran los hijos en común. Las declaraciones y juicios constantes, la lucha por la custodia y, en ocasiones, la manipulación interesada obliga a los niños a enfrentarse a un conflicto de lealtades que, a edades tempranas, puede tener graves consecuencias en el desarrollo de su personalidad y en la forma en la que aprenden a relacionarse en sociedad.
El coordinador es una figura que «auxilia al propio juez en beneficio de las familias cuyo vínculo se ha resuelto. Favorece que se mejoren las relaciones, que en el ámbito de unas relaciones más pacíficas cumplan las resoluciones, evitan la conflictividad entre ellos y buscan garantizar un mayor bienestar al menor», subrayó la consellera del ramo, Gabriela Bravo, al anunciar recientemente la extensión de este servicio a toda la Comunitat. La experiencia comenzó en la capital autonómica como proyecto piloto en 2017 y se ha ampliado a todo el territorio tras obtener resultados que los especialistas califican de positivos. Sin embargo, en lo que va de 2019, 58 de los casos se han seguido en Valencia y sólo dos en Alicante y otros dos en Castelló.
El profesional encargado de la coordinación es un experto en relaciones familiares que interviene con los padres y, además, actúa como perito ante el juez y no como un simple mediador. En numerosos casos las familias no utilizan este servicio de forma voluntaria, sino que es un magistrado el que obliga a los progenitores instalados en una contienda permanente a seguir la terapia y cumplir las medidas judiciales acordadas. En Alicante se ha constituido recientemente la Asociación de Coordinadores Parentales de la Comunitat Valenciana (Acopar-CV), que agrupa en torno a 40 psicólogos de las tres provincias.
«El coordinador de parentalidad debe ser un profesional con formación en psicología ya que tras los problemas de estas familias muchas veces se esconden adicciones, trastornos de comportamiento, de personalidad, falta de control de impulsos o baja tolerancia a la frustración. Un psicólogo es capaz de detectar patrones de personalidad y evaluar las variables psicosociales que intervienen en un determinado entorno familiar», destaca el presidente de la asociación, Juan Andrés Samaniego.
En ese sentido añade que es esencial «saber coordinar un equipo multidisciplinar con tal de derivar a los padres o a los hijos a los especialistas necesarios, como podría ser un trabajador social, un psicopedagogo, una unidad de conductas adictivas, una escuela de padres o una unidad de salud mental infantil si hace falta», prosigue. El objetivo siempre es preservar los intereses del menor.
Aprender a hablar entre adultos, resolver las diferencias de manera constructiva y sin que repercuta negativamente en los hijos o acreditar si se cumplen los regímenes de visitas 0 los pagos de manutención son algunas de las tareas dirigidas por los coordinadores parentales. De igual forma pueden recabar informes del centro educativo o del ámbito sanitario del menor para realizar informes que se derivan después al juez.
«Vivero de maltrato»
«Los menores expuestos a un conflicto permanente pueden desarrollar vínculos de apego negativos y normalizarlos. Aprenden que criticar a la pareja es lo normal y las partes que están en disputa no tienen en cuenta que un niño necesita fortalecer los vínculos familiares. Todas esas variables inciden en la salud mental del niño, que puede desarrollar depresión, ansiedad, terrores nocturnos, bajo rendimiento escolar o futuras adicciones, como el consumo de cannabis entre adolescentes», señala la psicóloga Tamara Peral. Su compañera de profesión María Dolores Hernández asevera que ambientes de ese tipo se pueden llegar a convertir en un «vivero de maltrato» en el que los menores «aprenden que odiar forma parte de un vínculo entre una pareja».
La figura del coordinador parental no existe en el ordenamiento jurídico español, si bien los magistrados recurren a estos profesionales al amparo del artículo 158 del Código Civil, que indica que un juez dictará «las disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas».
En la Comunitat Valenciana, cuando un juez decide recurrir a un experto de esta índole lo hace a través del Colegio Oficial de Psicología, que dispone de bolsas de psicólogos capacitados para este cometido en cada una de las tres provincias, sumando en total 172 peritos, indican desde conselleria.
Desde Acopar-CV creen que la intervención de coordinadores parentales se emplea mucho en Valencia pero no lo suficiente en Alicante aunque, asegura el presidente, presenta incluso más familias conflictivas, por lo que urge aumentar el trabajo de estos profesionales para proteger a los menores.
