Financiación autonómica. Dos palabras unidas que llevan ya veinte años marcando la agenda política y mediática en la Comunitat Valenciana sin que en la práctica se haya movido nada sustancial en lo que respecta a un reparto justo del dinero entre autonomías que no perjudique a las valencianas y valencianos. Un bucle, con serias repersuciones para una ciudadanía que debe enfrentarse a servicios públicos devaluados, pero que ha servido de bandera reivindicativa de gobiernos de todos los colores. En ocasiones, este 'problema valenciano' ha valido al jefe del Consell de turno para reivindicarse en España o tener un discurso autonómico potente respecto a Madrid, aunque, en otras, ha derivado en un campo de minas, sobre todo cuando ha coincidido el mismo color político en la Moncloa y el Palau .
Punto en el que se encuentra ahora el Consell presidido por Ximo Puig, como ha quedado evidenciado esta semana cuando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha echado otro jarro de agua fría sobre las expectativas de la Generalitat y, en particular del PSPV, al alargar a la próxima legislatura el cambio del modelo.
Una mirada histórica sobre las últimas dos décadas evidencia como la financiación ha 'atrapado' a los diferentes gobiernos sin que el maltrato financiero haya desaparecido. En 2022 se cumplirán veinte años de la aprobación del modelo Zaplana de financiación, un sistema que institucionalizó el statu quo en el reparto de los recursos (con comunidades privilegiadas en la distribución y otras maltratadas) y condenó a la C. Valenciana al furgón de cola de las peores financiadas por habitante. El expresidente Zaplana detectó hábilmente que este debate podría lanzar su carrera política en Madrid y supo convencer a José Maria Aznar para liderar una propuesta que pudiera generar consensos reduciendo el protagonismo de Cataluña.
Muy pronto su modelo mostró su cara más amarga para los valencianos, pero para entonces Zaplana ya había dado el salto a la política nacional. Fue su sucesor Francisco Camps quien más exprimió la infrafinanciación como arma arrojadiza contra el Gobierno de Zapatero. La coincidencia en el tiempo de sus respectivos mandatos llevó a que prácticamente se institucionalizara el conflcito entre ambas administraciones a cuenta del reparto del dinero. Camps lideró multiples y variadas iniciativas para evidenciar el maltrato financiero, una estrategia de corrosión al Gobierno socialista que le reportó éxitos electorales y que durante un tiempo le sirvió también para ganar proyección en Madrid e influencia en la dirección nacional. El mantra de Camps fue que Zapatero discriminaba a un millón de habitantes, ya que el modelo no contempla la actualización del censo. Daba igual que el pecado original tuviera las siglas populares. En 2009, Zapatero logró un conseso de minímos y reformó el sistema con la abstención de las comunidades gobernadas por el PP, incluida la valenciana. La primera liquidación del sistema evidenció que, pese a la actualización del factor de población, la Comunitat seguía mal financiada. Un informe del balance realizado años más tarde certificó que los valencianos sólo habían ganado seis euros más respecto al anterior modelo. Munición para un Camps que no convivió con Rajoy en la Moncloa.
Caído en desgracia por el caso Gürtel, Camps tiró la toalla en 2011 y cedió su despacho a Alberto Fabra, para quien la llegada de su partido al Gobierno central se convirtió en una auténtica pesadilla. Presionado por la asfixia financiera, Fabra trató de izar la bandera y seguir reclamando una mejora del sistema. El expresidente popular tuvo que lidiar con un Ministerio de Hacienda dirigido con mano de hierro por Cristóbal Montoro, quien incluso llegó a negar la infrafinanciación. La situación fue por momentos tan crítica que, sitiado por los recortes, Fabra tuvo que sofocar una rebelión interna contra Madrid en su Consell.
El Botànic heredó las maltrechas cuentas, pero también una bandera que ondear. PSPV y Compromís tenían de enemigo común a Mariano Rajoy y la legislatura estuvo marcada por el enfrentamiento a Madrid. El punto culminante fue la manifestación por la infrafinanciación y el recurso fallido a los tribunales. A partir de 2018, con la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez, Puig ha tenido que hacer malabarismos para mantener viva la causa sin enfrentarse con el líder. Que veinte años no es nada, cantaba Carlos Gardel en su bolero. En el caso de la Comunitat, se han traducido en una infrafinanciación que ha engordado la deuda hasta superar los 47.000 millones.
