Manuela Bayal vive sin ingresos y espera la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) como agua de mayo. Si esta mujer, y su hijo de 22 años (y en paro) tienen techo es gracias a los pagos que le da su exmarido y por la ayuda de su entorno. Así consigue reunir los 400 euros que paga cada mes por el alquiler de su casa. Pero sabe que no puede seguir así. Tiene 54 años y una enfermedad renal que la obliga a visitar el hospital cada dos por tres.
La mujer vive ahora en Benimàmet y solicitó la Renta Valenciana de Inclusión en los Servicios Sociales de Campanar, que es donde le corresponde. Lo hizo en diciembre de 2018 y debería haber recibido la nómina y los atrasos el pasado septiembre, como tarde, según marca la ley sobre el papel. Pero sigue esperando y denuncia una burocracia que se vuelve en contra de los usuarios.
«Me faltaba documentación porque debía aportar los padrones históricos de Torrent y Catarroja, donde residí entre 2008 y 2018. También me pedían un recibo de los pagos de mi exmarido, pero tuve que hacer una declaración jurada porque tengo la pensión y la cuenta embargadas. Le debo 3.000 euros a la Seguridad Social por los recibos de autónomo que no pude pagar cuando abrí una cafetería. Si no tengo para el alquiler, ni para comer ¿cómo voy a pagar la deuda? Vivir así es una agonía».
