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UCO

La Guardia Civil concluye que el PPCV utilizó la construcción de colegios para financiarse

La Unidad Central Operativa ratifica el presunto reparto de comisiones del 3 % en Ciegsa y cree que la red de Rus recaudaba en paralelo a la Gürtel - Los agentes señalan a Camps por las "formas de financiación"

Una empresa pública al servicio de una presunta red de recaudadores que durante lustros se habría repartido comisiones con la construcción de centros escolares públicos de la Comunitat Valenciana. El dinero se destinó presuntamente al enriquecimiento personal de los altos cargos investigados y al de su partido, el PP.

Así lo ha corroborado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo informe entregado al juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Taula. A lo largo de 162 páginas los investigadores relatan en este nuevo análisis, al que ha tenido acceso Levante-EMV, el uso que se le dio a la empresa pública Ciegsa, quien tiene derivadas las competencias para adjudicar estos contratos, y su relación con la financiación irregular del Partido Popular valenciano.

Según la UCO, «uno de los motivos que habrían propiciado el funcionamiento irregular de Ciegsa» es la «existencia de una estrategia de recaudación y financiación basada en el cobro de comisiones ilegales cuya finalidad sería la de financiar al PP de València, tanto a nivel provincial como autonómico».

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A Máximo Caturla, exgerente de Ciegsa y exvicepresidente de la Diputación con Alfonso Rus, la Guardia Civil le atribuye un papel muy destacado. Según el informe, «el hecho de que Caturla habría ejercido funciones de recaudación para el PP es algo que él mismo reconoce de forma tácita en uno de los audios que forman parte de la denuncia inicial» que presentó la exdiputada de EUPV Rosa Pérez, ahora consellera de Transparencia, y que durante años grabó y guardó Marcos Benavent, exgerente de Imelsa.

Es decir, según los agentes, el propio «Máximo Caturla vincula esa actividad recaudatoria con las licitaciones». «El hecho de que esta financiación del PP se estuviese dando tanto a nivel provincial como autonómico es algo de lo que queda constancia en otro de los audios de la denuncia inicial, donde se evidencia la existencia de tensiones entre uno y otro nivel en relación a esta financiación, llegando referirse a una posible guerra de laterales», en referencia a las tensiones internadas generadas entre distintas tramas.

Además, la UCO relaciona la presunta trama del 3 % en Ciegsa con la sentencia condenatoria de Gürtel sobre la financiación irregular del PP de Francisco Camps. Así, de los audios analizados por los agentes «se evidencia además la vinculación de Víctor Campos», exvicepresidente del Consell, «con la financiación irregular del PP».

«Volviendo a la secuencia de hechos que se venía describiendo en relación a la llegada de Caturla a Ciegsa, su nombramiento es un cargo de confianza del presidente de la Generalitat, en este caso Francisco Camps, al que se le atribuye en los diferentes audios, así como parece desprenderse de la propia sentencia aludida anteriormente, determinada ascendencia sobre las formas de financiación utilizadas por el PP y la manera en las que estas debían llevarse a cabo», advierten los agentes.

En este sentido, la Guardia Civil insiste en que «se ha evidenciado del resto de los consejeros delegados que ha tenido la empresa pública, resultando en el caso de Caturla que, además, comienza a ejercer funciones de dirección antes incluso de ser nombrado normalmente como consejero delegado». Un hecho que, según la UCO, «debía ser aceptado por instancias superiores».

Modificaciones

El análisis destaca «la instrumentalización de las modificaciones y liquidaciones de contratos públicos, ello con la finalidad de situar los fondos públicos al servicio de fines espurios de los investigados».

En relación a la instrumentalización de los modificados, la UCO destaca el contrato para la construcción del instituto El Cabanyal, adjudicado a la empresa BM3. Al respecto, dice el informe, «se han aunado una serie de indicios de los que se desprende que su adjudicación se habría efectuado a través un procedimiento negociado sin publicidad pese a que no se cumplían los requisitos para ello, contando además con una consulta jurídica emitida a petición de Ciegsa por Broseta Abogados».

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