Durante el siglo XIX se extendió por el viejo continente el refrán que decía que cuando París estornuda, Europa se resfría. Doscientos años después, aquel dicho popular se podría aplicar al panorama político y económico español actual. Sustituyan París por Madrid y Europa por la Comunitat Valenciana. Y es que los problemas que afectan a la capital repercuten, amplificados, en el resto de autonomías. Especialmente en la valenciana, que sufre un problema histórico de infrafinanciación reconocido incluso por el Estado. España lleva sumida en la inestabilidad desde el año 2015 y el próximo 10 de noviembre tendrá lugar la cuarta convocatoria de elecciones generales en este período, equivalente a una única legislatura. El fin del bipartidismo está imponiendo un cambio de paradigma político. Lejos quedan los rodillos parlamentarios de mayorías absolutas rojas o azules. Sin embargo, esta mutación forzosa hacia la cultura del acuerdo que ha evidenciado el necesario proceso de aprendizaje que debe acometer la clase política está saliendo muy caro a la Comunitat Valenciana, la autonomía peor financiada por la Administración.
Desde que la sentencia de Gürtel tumbó al Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2018, el país mantiene prorrogados los presupuestos que el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprobó para aquel ejercicio. El breve paso del PSOE por Moncloa no sirvió para que los socialistas lograran sacar adelante las cuentas de 2019 y abocó al adelanto electoral del 28 de abril, agravando la situación financiera de las ya de por sí mermadas arcas autonómicas. Pero lejos de despejar los nubarrones, aquellos comicios precipitaron definitivamente, en plena primavera, el invierno sobre la Comunitat Valenciana.
Pedro Sánchez no logró reunir los votos de los socios que menos de un año antes habían apoyado la moción de censura contra Mariano Rajoy y tras cinco meses de Gobierno en funciones se formalizó el regreso a las urnas para el próximo 10 de noviembre. Un calendario que, desde la perspectiva más optimista, sitúa la formación de un Gobierno estable como mínimo a las puertas de 2020, si no más tarde.
Una coyuntura perjudicial
Infrafinanciación aparte, se estima que el coste de esta parálisis política para la Comunitat Valenciana ronda los 1.500 millones de euros. Tener un Ejecutivo en funciones en Madrid genera efectos secundarios en las autonomías, «nuevos problemas» que agravan una situación precaria, como realta el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Francisco Pérez. Un Gobierno sin poderes plenos no está capacitado para aprobar las cuentas generales ni tampoco activar los anticipos a cuenta de la financiación. Eso es lo que defiende al menos la Abogacía del Estado en el informe tras el que se ha parapetado el Ejecutivo socialista en funciones para justificar el cierre del grifo de la financiación y lo que los expertos en la materia y la clase política valenciana quieren revertir.
«Las cuentas están lastradas», afirma Eusebio Monzó, exconcejal del PP y miembro de la Comisión de expertos de las Corts para la financiación. «Somos la comunidad peor financiada en servicios fundamentales, en los que no puede haber diferencias entre españoles», defiende Monzó. Sanidad, Educación y políticas sociales -que engloban aspectos como la ley de Dependencia- son algunas de las partidas autonómicas afectadas por la parálisis central.
Esas entregas a cuenta han supuesto ya en el caso valenciano un perjuicio de 450 millones de euros. Añadiendo otros tantos por la atención sanitaria a desplazados, 350 de la Ley de Dependencia y 240 correspondientes a las partidas de IVA, se alcanzan los 1.500 millones. Una cifra con la que contaba el Consell durante su elaboración de las cuentas anuales autonómicas y que ha ido llegando con cuentagotas a través de partidas aisladas desbloqueadas por el Ministerio de Hacienda.
Este agujero imprevisto ha llevado a la Generalitat a tener que recortar -ajustar, según los términos que emplea el Consell- cerca de 400 millones del presupuesto de la Comunitat Valenciana para 2019 pese a las promesas del departamento que dirige María Jesús Montero. Las ramificaciones de la sequía financiera han generado, además, tensiones políticas en el seno del Botànic. Compromís ha venido exigiendo más contundencia a Ximo Puig ante sus colegas de Madrid mientras el PP ha endurecido el discurso reivindicativo en defensa de un sistema de reparto de recursos más equitativo para las arcas valencianas.
Para evitar que la parálisis central se extienda a las comunidades, el Alto Comisionado de la Generalitat para la reforma del sistema de financiación, Rafael Beneyto, apunta a un concepto con el que coincide con Monzó. Beneyto lo llama «garantía» y el segundo «suficiencia», pero el significado es el mismo.
El concepto va dirigido a que las autonomías cuenten con unos fondos mínimos asegurados, que únicamente oscilen de año a año en función de la variación poblacional, para atender esas partidas de primera necesidad como Sanidad, Educación o inversión social, que no pueden quedar supeditadas al estado del Gobierno central.
«Tienen que estar aseguradas y ser equitativas», exige Monzó. Según Beneyto, este tipo de servicios del Estado del Bienestar «deberían ser la responsabilidad primera de los políticos» porque una autonomía «no debería tener que recortar» nunca estas partidas por «no tener los mismos recursos» que otras regiones. Un hecho que a su juicio demuestra que el «modelo tiene que ser reformado en profundidad» y «sin excusas». Además, según estos expertos, con este precepto de ingresos mínimos asegurados se evitaría la actual necesidad de recortar partidas «esenciales» que generan diferencias entre la ciudadanía en función de la autonomía de residencia.
Unidos ante la Administración
Pese a las tiranteces puntuales en el Palau de la Generalitat, las evidentes desigualdades derivadas del modelo de financiación han conformado un escenario de unión en la política autonómica en torno a este asunto, al menos a grandes rasgos. Sirva como muestra la iniciativa aprobada en las Corts hace escasas dos semanas por los socios del Botànic junto al PP. PSPV, Compromís, Unides Podem y los populares aunaron sus fuerzas para tratar que el grito de auxilio alcance la capital.
No es la primera vez que la Cámara valenciana aprueba reivindicaciones sobre financiación. Incluso en el pasado, antes de la entrada en la escena parlamentaria de Vox y sus impulsos recentralizadores, se hizo de forma unánime gracias al apoyo también de Ciudadanos. Por ejemplo a principios de 2018. Entonces, sin la ultraderecha y sobre todo sin unas elecciones generales en el horizonte, el partido naranja se sumaba a la iniciativa impulsada por Compromís con el apoyo de PSPV, PP y Podemos para elevar al Congreso una moción que exigiera al Gobierno una reforma del modelo de financiación. Pero esa unidad se perdió en algún lugar de la A-3 en su camino hacia Madrid y los diputados nacionales de PP y de Ciudadanos se abstuvieron en la votación de la moción que sus colegas habían secundado en las Corts.
Han pasado más de 18 meses desde aquello y ha cambiado el Ejecutivo pero no la situación de la Comunitat Valenciana. 2019 ha sido el año del bloqueo y de la inoperancia de la política nacional. El fracaso de los PGE de Sánchez ha abocado a dos elecciones y a un período de gobernanza en funciones, lo que ha impedido afrontar la exigida reforma del modelo y también desatascar las entregas a cuenta de todo un ejercicio. Pero a cambio ha espoleado al frente común valenciano.
Acento autonómico en el CPFF
Esta parálisis central y sus consecuencias periféricas parecen haber hecho cambiar el enfoque de la histórica reivindicación valenciana. Y es que esa última iniciativa sobre financiación emanada de las Corts con el apoyo de todos los grupos menos Ciudadanos y Vox incluye un punto hasta ahora inédito: la necesidad de rebajar el poder de Madrid en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Es precisamente uno de los defectos del sistema de financiación que detectó el Comité Técnico Permanente del CPFF. Beneyto, que formó parte de él, resalta que una de sus conclusiones fue precisamente la de eliminar la dependencia del Estado desligando la actualización de las entregas a cuenta de la aprobación de unos presupuestos generales o de que haya un Gobierno estable.
Un foro de debate
«No es más que una estimación sobre ingresos futuros» que se basa en proyecciones históricas y se adapta en función de la variación poblacional. «Debería ser mucho más automático», insiste Beneyto. Asimismo, aboga por que el CPFF se erija en un foro de debate entre territorios y no solo en una herramienta de ejecución.
Este órgano es el «encargado de adecuar la coordinación entre la actividad financiera de las comunidades autónomas y de la Hacienda del Estado». Pese a estar destinado a atender a las necesidades económicas de las autonomías, la Administración central ostenta la mayoría absoluta, lo que minimiza el margen de actuación regional. Y esto es lo que la mayoría de las Corts se ha decidido a denunciar ahora con la moción aprobada hace dos semanas.
Un punto de inflexión según se desprende del análisis de los expertos en la materia, que coinciden en resaltar como fundamental tanto la reivindicación como la escenificación de unión de la política valenciana en torno a este tema para adoptar una posición de fuerza. «Es fundamental», destaca Monzó sobre el frente común valenciano. Beneyto va más lejos y se posiciona a favor de agrandar el peso autonómico del CPFF. «Hay que cambiar las mayorías para impulsar a las comunidades» y que el organismo se erija también en una «herramienta de debate».
Pérez, por su parte, apela a la «urgencia» de la reforma, pendiente desde 2014, y recuerda que la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, hoy «reconocida por todos», hubo que denunciarla desde la «unidad política», la misma que reclama ahora para que la situación de Madrid no afecte a los servicios básicos que prestan las autonomías. También apoya el adelgazamiento del Estado en el CPFF. «El peso de la Administración debería ser revisado, ya que es juez y parte».
El profesor de Sociología en la Universitat de València, Rafa Castelló, endurece el tono al hablar de la larga lucha valenciana por la financiación. «Es una tomadura de pelo continua», lamenta. Y denuncia que «la dependencia del Estado ata de manos a los gobiernos autonómicos» que además, en el caso de la Generalitat «aporta más de lo que recibe» sin ver atajado el problema.
