Luz verde para liberar los fondos «bloqueados». La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montoro, podrá repartir los 4.500 millones de euros de financiación autonómica que adeuda a las comunidades desde verano y que según ha sostenido el Ejecutivo, la Abogacía del Estado no permitía abonar. Ahora, tras la convocatoria electoral del 10N, no hay riesgo de condicionar las cuentas de un futuro gobierno ya que no lo habrá en este ejercicio financiero según el calendario electoral, por lo que la Abogacía del Estado ha presentado un informe favorable para que el Gobierno maniobre y transfiera los fondos.

A la C. Valenciana llegarán 450 millones que aliviarán los problemas de liquidez de la tesorería de la Generalitat. Montero lo anunció ayer y hay probabilidades de que se haga efectivo en el Consejo de Ministro del viernes, con más retraso del que se preveía en septiembre. Entonces se calculaban «diez días» para efectuar la transferencia, pero se habrán cumplido más de tres semanas cuando se haga el pago. Con todo, el Gobierno central busca no asfixiar más a las autonomías, en graves problemas de tesorería desde verano. Muestra de ello es que Cataluña cerró su presupuesto en agosto.

Los 450 millones de euros serán una bombona de oxígeno para las cuentas valencianas pero no evitarán los ajustes, que están vinculados a la no aprobación de los Presupuestos del Estado que presentó Pedro Sánchez y que la oposición tumbó.

En este sentido se expresó Sánchez por la mañana, en una entrevista en Telecinco. Allí avanzó que disponía de «todos los informes favorables» para desbloquear el traspaso de la actualización de las entregas a cuenta, que se hará efectivo «en los próximos días».

«Las comunidades autónomas no pueden ser víctimas del bloqueo político», dijo Sánchez en referencia a la negativa de la Abogacía a que un gobierno en funciones ejecutara las transferencias.

Ha sido precisamente el fracaso de Pedro Sánchez para formar gobierno lo que permitió reinterpretar el informe de la Abogacía General que impedía liberar estos fondos. El principal argumento que esgrimía era que con las entregas a cuenta se podía condicionar la acción de un gobierno que se formara antes del 23 de septiembre.

Una vez el rey descartó proponer a un candidato y, por tanto, ir a elecciones el 10 de noviembre, el Ministerio de Hacienda buscó un resquicio legal en el documento de la Abogacía. Con la convocatoria electoral, no habrá un gobierno en «plenas funciones» hasta finales de año. Por ello, el argumento de la Abogacía de que un gobierno en funciones no podía tomar decisiones financieras que condicionen a un gobierno salido de las urnas dentro del ejercicio en curso, ya no se daría.

En este sentido y tras haber aprendido de esta experiencia, la ministra Montero reconoció ayer en una entrevista a la Agencia Efe que con la aprobación en los próximos días de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se sentará un «precedente». El Gobierno quiere plasmarlo en la ley de financiación para desligarlas para siempre de los Presupuestos Generales del Estado.

Montero calificó esta acción de gobierno como un «hito» en la financiación autonómica, al desligar también las entregas a cuenta de que el Ejecutivo esté o no en funciones, y que al mismo tiempo permite que «no haya excusa» para que las comunidades autónomas dejen de aprobar sus propios presupuestos. Es el caso de la C. Valenciana, donde algunas voces dan por hecho que los presupuestos autonómicos se tendrán que prorrogar.