Una empresa pública creada para el presunto cobro de comisiones, de entre el 3 % y 5 %, con la construcción de centros escolares públicos, cuya configuración inicial posibilitó que se produjeran algunas de las irregularidades que se investigan. La ausencia de control por parte de la Administración y el vaciamiento de competencias, a favor de Ciegsa, fue el algoritmo que transformó las inversiones en infraestructuras educativas en el mapa escolar de la corrupción.
El relato que recoge el informe que la Guardia Civil entregó al juzgado del caso Taula el pasado 5 de octubre es contundente: los cargos del PP valenciano investigados se repartieron durante años el botín de los colegios para su presunto enriquecimiento personal y financiar las campañas del partido.
Eduardo Zaplana halló la fórmula inicial para convertir a la Comunitat «en un casino», como lo define el periodista Francesc Arabí, autor de Ciudadano Zaplana, la construcción de un régimen corrupto (Ediciones Akal, 2019). Mientras, Francisco Camps fue quien perfeccionó la combinación de los elementos al situar al frente de Ciegsa a Máximo Caturla, extesorero del PP en la provincia de València, a quien los agentes le atribuyen en sus conclusiones un papel clave entre los recaudadores.
Preocupación en el PPCV
El informe preocupa, mucho, y ha hecho saltar las alarmas en el PPCV, tanto por la gravedad de los hechos como por sus consecuencias. El próximo viernes 8 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales, será interrogado en calidad de testigo el ex conseller de Educación Alejandro Font de Mora, quien deberá responder por estos hechos. Además, los agentes vuelven a situar en la cocina de las comisiones a Vicente Betoret, quien repite como candidato del PP por València.
Este es el análisis cronológico del funcionamiento de Ciegsa que los agentes han puesto en conocimiento del juez Víctor Gómez.
Los antecedentes vinculados a la trama que durante años actuó con total impunidad en Ciegsa parten de las conversaciones mantenidas entre Máximo Caturla y Marcos Benavent, grabadas sin que nadie se diese cuenta por el exgerente de la empresa pública Imelsa, quien también fue asesor de Educación.
La investigación policial se circunscribe al periodo en el que Caturla se encontró al frente de la mercantil pública (2003-2007). Sin embargo, los agentes han considerado necesario y relevante llevar a cabo un análisis de la configuración inicial de Ciegsa y el contexto en el que se creó.
El decreto de creación es del año 2000 y un año más tarde, en 2001, se aprobó el convenio que regula sus relaciones con la Conselleria de Educación.
Los agentes razonan que esta configuración inicial tuvo como resultado un aspecto que, atendiendo a lo que sucede posteriormente, habría tenido una «especial repercusión». Establece que «será Ciegsa la que se encargue de fijar el presupuesto de todas las licitaciones y efectuar las liquidaciones correspondientes».
Su primer gerente fue Javier García-Lliberós, exmarido de la exportavoz del Gobierno de Zaplana, Alicia de Miguel, procesada por contratar con Gürtel. Esta circunstancia familiar fue determinante para llegar a Ciegsa, según reconoció el propio García Lliberós a la Guardia Civil.
«Eduardo Zaplana le llamó directamente y le ofreció la oportunidad de desarrollar el proyecto. Que su mujer por entonces era Alicia de Miguel, portavoz de Comunicación de la Generalitat y que ese podría ser el motivo por el que pudo haber sido llamado, además de por su experiencia», resumen los agentes al juez.
Financiación externa
La falta de presupuesto disponible por la conselleria para acometer tal volumen de actuaciones motivó que se recurriera a Ciegsa para que, mediante financiación externa, pudiera soportar un nivel de gasto tan elevado.
El convenio que revistió jurídicamente el funcionamiento de la trama fue «improcedente», según la Intervención General, porque se dotó de «más protagonismo» a Ciegsa a la hora de materializar los encargos y huir de los requisitos más rígidos de la Administración.
El hecho de que la conselleria encargara la actividad pudo constituir una «puerta abierta al fraude», y el incremento del importe de los presupuestos y liquidaciones de manera injustificada «habría sido una de las formas a través de las que se podría haber producido el desvío de fondos públicos».
El año 2003 es un punto de inflexión para la trama según la Guardia Civil. En junio de ese año se produce un cambio en la Presidencia de la Generalitat con la llegada de Francisco Camps. En este contexto se nombra a Esteban González Pons, eurodiputado del PP, conseller de Educación, y a Máximo Caturla secretario autonómico. Ambos irrumpen semanas después en el consejo de administración de Ciegsa.
Una de las consecuencias de estos cambios es que se despoja de casi todas sus competencias al gerente, García-Lliberós. El cambio se ejecuta el 10 de septiembre de 2003 y en la reunión se nombra a Juan José Andrés asesor de González Pons en Ciegsa.
El exmarido de Alicia de Miguel reveló a los agentes los motivos de los cambios. «Comenzó un enfrentamiento evidente entre Camps y Zaplana. Ese enfrentamiento afectó a todos los que habían llegado a Ciegsa en la época de Zaplana», entre los que se incluía él mismo. Juan José Andrés, quien también fue interrogado como testigo por la Guardia Civil, ratificó la versión de García-Lliberós: «Me designa persona de confianza en la sociedad por los rifirrafes políticos del momento».
Estas intrigas en la empresa pública Ciegsa generaron un relato de novela negra, como el asalto a su sede o el incendio de un almacén, en el que las «relaciones de confianza» son importantes para entender el uso que se le dio a la empresa pública.
García-Lliberós permaneció en la empresa hasta 2006. En 2007 se nombró gerente a José Luis López Guardiola, cuya esposa compartía negocios con la de Camps, en concreto, una farmacia constituida en 2005, según declaró Miguel Barranca, exdirectivo de Ciegsa.
Colegios y financiación
La Intervención ha analizado irregularidades en la adjudicación de más de 50 centros, mientras que el análisis policial ha aflorado indicios de delito en otros 14. Uno de estos centros es el que se construyó en Museros, adjudicado a Construcciones Arción por 3,5 millones de euros. Nada más iniciarse la obra el presupuesto se incrementó un 16 por ciento.
Lo mismo ocurrió en la adjudicación del IES Río Turia de Quart de Poblet -el presupuesto se disparó un 18 % «sin justificación-, o en el CP Angelina Abad de Vila-real, donde el presupuesto creció en más de 600.000 euros «sin justificación». En el caso del IES Radio Exterior de Alicante, adjudicado a la constructora BM3, que diversos sumarios de corrupción vinculan con el clan Blasco, los sobrecostes llegaron al 20 %.
Parte de ese dinero, concluye ahora la Unidad Central Operativa tras diseccionar las grabaciones de Benavent, sirvió para que los presuntos recaudadores -Alfonso Rus, David Serra, Benavent o Ricardo Costa- se repartieran comisiones, generando incluso una guerra de laterales entre los partidarios de Camps y Zaplana. Tensiones entre un bando y otro por percibir dinero a costa de la educación pública.
