El juzgado que investiga presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, el ente que organizó la visita del papa a València en 2006 ha suspendido las declaraciones previstas para determinar si la organización y la gestión fue pública o privada.
El juzgado notificó la decisión a las partes el pasado viernes y en el escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV, comunicaba que «la titular del juzgado no podrá estar presente al encontrarse en La Haya por motivos de trabajo con relación a un procedimiento relativo a la prostitución y trata de seres humanos».
Además, una de las abogadas de la defensa también comunicó al juzgado que tampoco podía asistir al coincidir con un señalamiento de otro procedimiento, por tanto se han suspendido todos los interrogatorios previstos entre los días 14 y 16 de octubre. No están afectadas por esta suspensión las fijadas por la jueza a partir del 17 de octubre, según consta en la diligencias.
Este lunes estaba citado ante el juzgado Felipe Espinosa, responsable de la empresa pública Vaersa entre los años 2007 y 2011. La clave de este procedimiento es si la fundación de la visita del papa podía firmar contratos como si de una empresa privada se tratase pese a que recibía fondos públicos. La Fiscalía dice que no, pero los investigados han aportado un informe pericial de parte que contradice la tesis de las acusaciones.
Este informe lleva la firma de Javier Gómez-Ferrer Senent en calidad de abogado del Estado en excedencia y director legal de una firma de letrados y asesores tributarios, y fue aportado por el exconseller Juan Cotino, quien también se encuentra investigado en esta causa.
El abogado del Estado, con una amplia trayectoria en estos asuntos y conocedor del funcionamiento de fundaciones públicas o privadas, debía ratificar su informe el martes, pero al no estar presente la jueza también se ha aplazado su declaración.
En la causa que investiga estos hechos -el procedimiento no incluye el contrato de RTVV para instalar las pantallas del evento, que se juzgará por separado en la Audiencia Nacional- figura un correo electrónico de Espinosa que ha motivado su imputación.
El correo lleva fecha de 15 de octubre de 2007 y Espinosa lo envió a la entonces secretaria autonómica de Medio Ambiente, Maria Ángeles Ureña. «Hay una partida de 850.000 euros por obras ejecutadas por Vaersa con motivo de la visita del papa (...) El problema, aparte del financiero, es que la Sindicatura y los auditores nos van a obligar a provisionar estas cantidades con el consiguiente agujero económico, pero además esta información pasa a ser pública y, según creo, es un tema que no apetece que sea muy público. ¿Con quién se podría hablar para cerrar este tema como Dios Manda?».
Los trabajos realizados por Vaersa corresponden a las obras del altar donde Benedicto XVI ofició una misa pontificia. Resolver si el asunto era público o privado marcará el futuro judicial de los investigados.
