No había ningún contrato, solo con una factura dos alcaldesas de Benirredrà, del PP y PSPV, abonaron alrededor de 100.000 euros a la presunta trama de asesorías que desmanteló la Fiscalía Anticorrupción. Las dos dirigentes acusadas por estos hechos son Cristina Gutiérrez (PP) y Loles Cardona (PSPV). Ambas se enfrentan a seis años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, y ayer justificaron los trabajos encargados pese a que no existe ningún contrato que los justifique.
La sección quinta de la Audiencia Provincial de València celebrará hasta el próximo viernes el juicio contra las dos alcaldesas de Benirredrà acusadas en esta pieza separada de la trama de las asesorías.
Junto a las dirigentes figuran como acusados el exsecretario-interventor del Ayuntamiento, José Antonio Momparler, y el funcionario Rafael Parra, quien «utilizaba para sus fines delictivos y lucrativos» la sociedad Asesores Económicos Públicos SL. Parra se enfrenta también a seis años de prisión, mientras que Momparler a tres en calidad de cooperador necesario.
El juicio trata de esclarecer si los trabajos que Parra realizó para este ayuntamiento de la comarca de la Safor se realizaron y si se corresponden con la facturación que se imputó al consistorio, pues no existe ningún contrato que recoja las condiciones.
«Nos dan factura y se abona»
En este sentido, la exalcaldesa Cristina Gutiérrez aseguró: «Nos pasaron oferta económica, se abre expediente y a partir de ahí nos dan factura y se abona». La fiscal volvió a intervenir para aclarar que le había preguntado por el contrato, a lo que la respondió: «Había abierto un expediente, contrato yo entiendo que era el propio expediente, por un encargo de trabajo que se realizó».
Gutiérrez insistió en su declaración en que necesitaba el apoyo de una asesoría externa porque el secretario-interventor de Benirredrà cambió de destino y se encontró con múltiples facturas pendientes de pago en el ayuntamiento. «Me dijeron que había una empresa que resolvía estos problemas, me pareció una buena solución y así fue», reiteró.
Gutiérrez fue alcaldesa de este municipio hasta mediados de 2010, fecha en la que accedió a la alcaldía la socialista Loles Cardona tras impulsar una moción de censura. Cardona se manifestó en la misma línea que su predecesora, negó las irregularidades y ratificó ante el tribunal que los trabajos se realizaron.
Mientras, Rafael Parra, funcionario del Consistorio de Chiva y del Consorcio de Museos de la Generalitat entre 2000 y 2005, solo respondió a las preguntas de su abogado. Según Parra, su trabajo consistía en «conocer la posición financiera de la corporación» y la deuda que tenía «contraída con terceras personas». «Me ocupaba de la llevanza de la contabilidad» y «también de la formación de expedientes sobre modificaciones presupuestarias», explicó.
Asesores Económicos Públicos es la entidad creada por Parra, en la que aparecía como administradora su hija, para facturar con los ayuntamientos pese a que no solicitó ni obtuvo ninguna compatibilidad administrativa para el ejercicio de estas actividades.
