15 de octubre de 2019
15.10.2019
Tribunales

La Audiencia reabre la investigación de la Fórmula 1 y vuelve a imputar a Camps

Prospera el recurso de la Abogacía de la Generalitat en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

15.10.2019 | 14:02
Francisco Camps, junto al puente utilizado en el circuito urbano de Fórmula 1 en València.

Giro de guión inesperado en la causa que investiga la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, que acogió València entre los años 2008 y 2012. La Audiencia Provincial de València ha ordenado reabrir parcialmente el denominado caso Valmor tras el recurso que presentó la Abogacía de la Generalitat Valenciana en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Según consta en la resolución, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la sala concluye que "resulta procedente la estimación parcial del recurso y acordar revocar la decisión de sobreseimiento, pero sólo en tanto que la causa se sigue para investigar la indicación u orden de firma de la asunción por la Generalitat Valenciana de la condición de avalista en el convenio, acta o documento de fecha 19 de julio de 2011". Este acuerdo se tomó un día antes de que Francisco Camps presentara su dimisión por su implicación el asunto de los trajes de Gürtel, del que resultó absuelto. No obstante, la Audiencia rechaza unir todas las piezas y reabrir la causa contra Belén Reyero, exalto cargo de la Generalitat.; o contra los administradores de Valmor, la empresa a la que se adjudicaron los derechos -participada por Fernando Roig, Bancaja y Jorge Martínez Aspar-.

La Audiencia reabre la causa y, por tanto, Camps vuelve a estar imputado por estos hechos -era el único que figuraba en la causa-. La sección segunda de la Audiencia ha concluido que "como es alegado por la Abogacía de la Generalitat, este tribunal llega a la conclusión de que únicamente se ha efectuado pronunciamiento sobre la relevancia penal, en relación con la supuesta distracción o uso indebido de los caudales públicos con ocasión de esta última actuación administrativa, esto es, sobre si el aval prestado por la Generalitat Valenciana supuso o no una contratación de obligaciones indebida por ésta, pero no sobre los restantes". Existe, pues, "una omisión del juzgado instructor en su labor de análisis y valoración de la mayor parte de las conductas que se reputaban ilícitas en la querella que fue admitida por el órgano judicial competente".

Así, la nueva imputación del expresidente tratará de esclarecer las circunstancias en las que la Generalitat se convirtió en avalista de la competición 24 horas antes de que Camps presentara su dimisión. No obstante, según han razonado fuentes jurídicas a este periódico, la instrucción está ya agotada y previsiblemente la magistrada-instructora procederá a dictar auto de procesamiento en las próximas semanas.

Según el tribunal, "no es posible descartar que Francisco Camps obrara, no ya sin la debida prudencia a la hora de comprometer a la Generalitat que presidía en el cumplimiento de los derechos comerciales cedidos a la empresa poseedora de los derechos de la Fórmula Uno, sino ejerciéndola sin valorar, de forma deliberada y consciente, si jurídicamente era factible llegar a dicho compromiso".

Así, "resulta sostenible que considerando que el fin perseguido, lograr salvar la realización del Gran Premio de la Fórmula Uno, evento de interés general, no podía encontrar obstáculos jurídicos para su consecución, desechara que se siguiera el debido procedimiento administrativo, farragoso y que por su compleja tramitación (por cuanto era compleja en términos jurídicos la solución), podía dilatar más allá de lo exigible".

De este modo, según el tribunal, "cabe sostener que ante la notoria situación de inestabilidad política en que se encontraba Camps y que condujo a su dimisión el día siguiente a la firma de dicho documento, se optara por la solución que interesaba al fin perseguido en perjuicio del procedimiento debido -que permitía proteger los intereses públicos protegerlos del abuso de poder-".

Aun cuando, a título de hipótesis, "se admitiera que el investigado ponderara la existencia de un conflicto de intereses entre garantizar la celebración del Gran Premio - el interés público que pudiera identificarse en conseguir que se prorrogara la celebración de dicho Gran Premio, para lo cual como prueba del firme compromiso de la Generalitat Valenciana como institución más allá de quien fuera su máximo responsable, debía firmarse el documento de 19 de julio de 2011 - y respetar el procedimiento administrativo establecido, y con independencia de la relevancia de ello para fijar la reprochabilidad de su acción, graduando la culpabilidad del mismo, dicha ponderación de intereses no excluiría su responsablidad por eludir el procedimiento legal que no admite más excepciones que las previstas en la propia ley".

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