Mientras la consellera de Sanidad, Ana Barceló, sigue deshojando la margarita sobre si adelantará o no la reversión a manos públicas del hospital de Dénia, en apenas un año hay una decisión que sí tendrá que tomar: cuál será el futuro del Hospital de Torrevieja cuyo contrato expira en dos años justos, el 15 de octubre de 2021. Desde la Administración no han querido revelar aún cómo transcurrirán los 24 meses que restan hasta esa fecha pero la decisión se deberá tomar durante el próximo año.
Según el contrato suscrito por el conseller Serafín Castellano con Ribera Salud, gestora mayoritaria de la UTE Torrevieja Salud, la administración debería notificar en un año (a 15 de octubre de 2020) si tiene intención de acudir a la prórroga de cinco años o, tal como se hizo en Alzira, dar por finalizado el contrato de 15 años y solicitar la reversión del departamento de salud y que tanto infraestructuras como materiales como personal pasen a depender orgánica y administrativamente de la Conselleria de Sanidad.
De esta forma, de aquí a un año, Barceló deberá decidir si sigue los pasos marcados por su antecesora en el cargo y exministra Carmen Montón de reducir lo máximo posible las colaboraciones público privadas en la sanidad valenciana -tal como está incluido también en el Pacte del Botànic II- o si los problemas derivados de la primera reversión del hospital de Alzira -que todavía colean- aconsejan tomarse más tiempo para abordar una segunda reversión. De ser así, Ribera Salud alargaría hasta 2026 su control sobre el departamento de Torrevieja que integra 10 centros de salud y 12 consultorios auxiliares atiende a 140.000 personas.
Por ahora, desde Sanidad adelantan que no están «manteniendo conversaciones» sobre la concesión de Torrevieja en un intento de alejar la propuesta lanzada antes de las elecciones por el consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, de abrir un diálogo con la conselleria para negociar un adelanto de la reversión de Dénia (donde tienen el 35 % de las acciones) «a cambio» de ir a la prórroga en Torrevieja o quizá en Elx-Crevillent, cuyo contrato expira en 2025.
Dénia, sin acuerdo
Tampoco sobre Dénia, hay confirmación oficial de qué pasará pese a la evidencia de que los anuncios preelectorales de Ximo Puig de una reversión adelantada no se han cumplido y es difícil que se cumplan en esta legislatura. «Se sigue trabajando para avanzar en la reversión, manteniendo contactos continuos con DKV», la socia mayoritaria de la UTE gestora, aseguran desde conselleria pero sin dar plazos de un adelanto que supondría un desembolso económico extra de difícil encaje y contravendría, abiertamente, el acuerdo entre PSPV, Compromís y Unidas Podemos del Pacte del Botànic II.
Tal como se redactó el acuerdo, la posibilidad largamente prometida por Ximo Puig de revertir Dénia antes de tiempo (el contrato expira en 2024) ante las quejas de pacientes, ayuntamientos y actores sociales de la zona también se aleja esta legislatura. «Seguiremos trabajando para la recuperación de los servicios públicos privatizados una vez finalizada la concesión con una política común que garantice una mejor prestación, más equitativa, eficiente y de calidad y que no suponga un perjuicio económico para la Generalitat», reza los acuerdos de gobierno.
