Los siete puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional en la Diputación de Valencia (secretaría, intervención y tesorería) tienen la misión de garantizar la legalidad, el control financiero y la fiscalización interna de la Administración. En noviembre de 2017, bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, la institución provincial instauró el concurso de méritos como sistema para proveer estas plazas, una medida reclamada reiteradamente por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Dos años después, la corporación presidida por Toni Gaspar ha decidido dar marcha atrás y regresar al antiguo método que estuvo en vigor 25 años: el nombramiento y cese de la cúspide funcionarial de manera discrecional, por la vía de la libre designación, a través de los órganos de decisión política.
La propuesta salió adelante en la comisión de Administración General del martes -se incluyó por la vía de urgencia- con los votos favorables del PSPV y Compromís, como paso previo a la aprobación en el pleno de la semana próxima.
Por un lado, el acuerdo implica la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en lo tocante a las plazas de secretaría general, oficial mayor y vicesecretaría. Por otro, la diputación ha de solicitar al Ministerio de Hacienda la autorización previa para cambiar el sistema de provisión de los puestos de interventor, vicesecretario, viceinterventor segundo y tesorero y trasladar toda la información a la Generalitat.
Un informe y una memoria justificativa del Jefe de Personal sirven para apuntalar la reformulación promovida por el presidente. Entre los argumentos enumerados para explicar la decisión figura el «alto nivel de responsabilidad» que recae sobre estos altos funcionarios -los que mayores retribuciones perciben-, junto a la «complejidad» de su labor, la gigantesca dimensión organizativa de la diputación (incluyendo sus entes dependientes), la búsqueda de determinadas «aptitudes profesionales» y la exigencia de «confianza personal» respecto a la autoridad política que los designa.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, otro razonamiento empleado es que la libre designación permite el cese del funcionario «en caso de que se pierda la confianza en su idoneidad técnica». Además, se equipara a estos empleados con el personal directivo de la institución, porque están «en permanente contacto» con los órganos de asesoramiento y decisión política, «participando con los mismos en la correcta formación de su voluntad», tanto «en los aspectos legales como de oportunidad», sostienen los informes. Esta circunstancia requiere «un grado de implicación pública y de confianza profesional que no se da con la misma intensidad en otros puestos», agrega la memoria de la diputación.
La ley de régimen local establece el concurso de méritos como «sistema normal» para proveer las plazas reservadas para funcionarios con habilitación nacional, obligatorio en el caso de los municipios de régimen común. En cambio, «excepcionalmente» se permite a los entes provinciales hacer uso del método de libre designación. En la convocatoria para proveer las plazas, la presidencia deberá concretar los criterios «de interés general escogidos como prioritarios» para decidir los nombramientos, así como las «cualidades o condiciones personales y profesionales consideradas en cada funcionario». Fuentes de Presidencia relacionan la medida con una petición de los propios habilitados y aseguran que no responde a «ningún interés político» y que no compromete la imparcialidad.
La secretaría cuestiona la motivación
En su informe, la secretaría general de la diputación concluye que la modificación no se ha motivado suficientemente, a pesar de ajustarse a la ley. El secretario sostiene que el cambio «no tiene repercusión en la garantía de los principios de igualdad, mérito y capacidad», aunque hace hincapié en que el «nuevo» procedimiento instaurado «en realidad es el viejo» porque estuvo en vigor durante 25 años, hasta 2017, cuando Rodríguez introdujo el concurso de méritos para los altos funcionarios.
Además de recuperarse la elección a dedo, la vicesecretaría se ha asignado a Divalterra, firma pública envuelta en un rosario judicial precisamente por las acusaciones de enchufismo que terminaron con la salida del expresidente.
