Dos directivos de la empresa Escal UGS, controlada por ACS y adjudicataria del proyecto de almacenamiento gasista Castor en la costa castellonense, serán juzgados por delito medioambiental, según informa este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castelló) que lleva el caso y ha dictado el auto de procedimiento abreviado contra los dos directivos, ha archivado las diligencias para otros diez investigados, funcionarios del Estado.
El juez descarta que estos últimos incurrieran en un delito de prevaricación medioambiental durante la tramitación de los permisos para el funcionamiento del almacén de gas.
En el auto, fechado ayer y notificado ya a las partes, el instructor señala que los dos responsables del proyecto acordaron empezar entre los días 2 y 5 de septiembre de 2013 la fase de inyección de gas en la planta, pese a que eran "conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear".
La actividad en el gasoducto provocó el 5 de septiembre un aumento de la sismicidad del que el Observatorio Sísmico del Ebro alertó a la compañía y a sus responsables cuatro días más tarde.
"En ese momento, siendo plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medio ambiente y las personas, continuaron inyectando gas hasta el día 11, retomando las inyecciones el día 11 a las 22:00 horas", precisa el juez. Y lo hicieron a partir de ese día y hasta el 13 de septiembre -añade en la resolución- "a un nivel muy superior al que inyectaron en fecha 5 a 8 de septiembre, y en fases anteriores".
Esa situación desencadenó una "gran serie de sismos en la zona", hasta 519, que se prolongó hasta el 4 de octubre y ocasionó "daños de consideración" en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto.
"Peligro potencialmente catastrófico"
Además, esos movimientos sísmicos generaron, en opinión del juez, "una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno".
Es más, tal y como recoge el auto, "hoy en día continúa el gas almacenado en el almacenamiento subterráneo sin que sea posible su extracción en condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente".
El juez instructor ha acordado en cambio, en otro auto dictado de forma paralela al anterior, el sobreseimiento libre de las diligencias para otras diez personas, pues entiende que no incurrieron en un delito de prevaricación medioambiental.
Así, considera que su actuación en la tramitación de proyecto, que contaba con una declaración de impacto ambiental favorable, incluyó la firma de un convenio que, probablemente, permitió advertir el riesgo de peligrosidad sísmica que la actividad podía acarrear, "y muy probablemente, la realidad, sin dicha monitorización sísmica, después de los más de 500 sismos producidos en septiembre del año 2013, sería catastrófica".
