Recaredo del Potro, expresidente de Escal UGS, empresa controlada por ACS que se adjudicó el proyecto Castor, y José Luis Martínez Dalmau, exconsejero delegado, serán juzgados por delito medioambiental en el caso sobre los movimientos sísmicos causados por el almacén de gas Castor. El proyecto consistía en la habilitación de un almacén subterráneo de gas natural aprovechando un antiguo pozo petrolífero situado a 1.750 metros bajo el nivel del mar, frente a la costa de Vinaròs.
El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs que lleva la investigación y ha dictado el auto de procedimiento abreviado contra los dos antiguos directivos, ha archivado las diligencias para otros diez investigados, funcionarios del Estado, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El juez descarta que estos últimos incurrieran en un delito de prevaricación medioambiental durante la tramitación de los permisos para el funcionamiento del almacén de gas.
En el auto, fechado el martes y notificado ya a las partes, el instructor señala que los dos exdirectivos acordaron empezar, entre los días 2 y 5 de septiembre de 2013, la fase de inyección de gas en la planta, pese a que eran «conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear». La introducción de gas provocó el 5 de septiembre un aumento de la sismicidad del que el Observatorio Sísmico del Ebro alertó a la compañía y a sus responsables cuatro días más tarde.
«En ese momento, siendo plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medio ambiente y las personas, continuaron inyectando gas hasta el día 11, retomando las inyecciones el día 11 a las 22:00 horas», precisa el juez. Y lo hicieron a partir de ese día y hasta el 13 de septiembre -añade en la resolución- «a un nivel muy superior al que inyectaron en fecha 5 a 8 de septiembre, y en fases anteriores».
Hasta 519 sismos en la zona
Esa situación desencadenó una «gran serie de sismos en la zona» (hasta 519), que se prolongó hasta el 4 de octubre y ocasionó daños de consideración en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castelló, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona. Los terremotos, que llegaron a una magnitud de 4,2 grados en la escala Richter, ocasionaron alarma social en la zona y provocaron quejas de los vecinos, los hosteleros y los alcaldes de municipios afectados.
Además, generaron «una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno».
En cuanto al resto de investigados, en un auto paralelo, el juez ha acordado el sobreseimiento de las diligencias para otras diez personas, pues entiende que no incurrieron en delito. Por el contrario, su actuación en la tramitación del proyecto, que contaba con una declaración de impacto ambiental favorable, incluyó la firma de un convenio que permitió advertir el riesgo de peligrosidad sísmica que la actividad podía acarrear. Tras los terremotos, el Gobierno suspendió la actividad y encargó a Enagás su hibernación.
