La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, pisó ayer por primera vez el Palau de la Generalitat. La última vez que el dueño de las llaves de la caja del Estado estuvo en la Presidencia del Consell fue en enero de 2015.
En aquella foto estaban, además de Cristóbal Montoro, Alberto Fabra, Rita Barberá, Serafín Castellano, Juan Carlos Moragues, Máximo Buch y José Vicente González, por los empresarios. Solo Fabra permanece activo en la política (en el oscuro segundo plano del Senado) de aquel grupo. Una lección de la voracidad de la vida pública valenciana. Aviso para navegantes.
«Montoro reconoce la infrafinanciación y aplaza el nuevo modelo a un futuro gobierno». Era el titular de este diario el día siguiente. Sirve para hoy, casi cinco años después, si se cambia el nombre del ministro, si bien sería injusto con Montero, que ayer desgranó conocimientos técnicos, argumentos y empatía con los mandatarios valencianos y los agentes económicos y sociales para borrar cualquier sombra de duda sobre el compromiso del Gobierno en funciones con una reforma del modelo de financiación autonómica que trate de forma justa a la Comunitat Valenciana.
Si las últimas declaraciones de dirigentes del PSOE (el propio Pedro Sánchez en su último acto de precampaña en la ciudad) habían sembrado incertidumbre sobre los plazos para el nuevo sistema de financiación, la ministra se encargó ayer de borrar dudas.
Si las palabras de Montoro se interpretaron en 2015 como patada hacia adelante y una forma de evitar el compromiso (en la siguiente legislatura, tras las elecciones de junio de 2016, Rajoy y Montoro tampoco completaron una reforma del modelo), Montero quiso en sus dos actos de ayer en València, primero en un encuentro informativo organizado por la Cadena Ser y luego en una reunión en el Palau con Ximo Puig y los líderes de la CEV, CC OO y UGT-PV, dejar claro que la financiación de los territorios es uno de los retos más importantes en España y una prioridad para el Gobierno.
El objetivo, dijo, es aprobar un nuevo sistema en «el menor plazo de tiempo», antes del final de legislatura, como dijo Sánchez, pero «no es que vayamos a tardar cuatro años». Se resistió a concretar un plazo, no obstante. «No puedo poner fecha hasta que no veamos la actitud de los partidos ante el debate», dijo. «No se trata de dar largas ni de aparentar movimiento sin que haya avance», insistió.
Así, agradó a patronal y sindicatos al precisar que buscará el consenso de comunidades autónomas y partidos políticos, pero bastará con tener la mayoría cualificada requerida en el Congreso. En el pasado, la necesidad de unanimidad ha sido argumento recurrente para postergar la reforma.
La ministra (exconsejera andaluza de Hacienda) se presentó ayer con el discurso valenciano sobre la financiación plenamente asimilado: propuestas técnicas, rechazo al dumping fiscal, deuda histórica, entregas a cuenta, partida ficticia de los presupuestos (los famosos 1.350 millones)... Ni una discrepancia, comparte los criterios de Puig y el conseller Vicent Soler, viejo compañero de batallas frente a Montoro. Es también periodo preelectoral, tiempo propicio para la promesas.
El presupuesto, una obligación
Montero echó además un cable a Puig en el debate valenciano sobre prorrogar el presupuesto de 2019 o elaborar uno nuevo. Todos los indicadores apuntaban hasta la semana pasada al alargue. Soler dijo que era la alternativa con más posibilidades. Los socios de Compromís dieron luz verde. Solo Unides Podem se opuso. Hasta que el jefe del Consell dijo la suya el pasado lunes: mejor presupuestos nuevos que prorrogar.
En esa línea se movió ayer la ministra. «Es la obligación», afirmó. Y quitó crédito a los argumentos de que las comunidades no tienen información económica suficiente. Ya saben la liquidación para 2020 y la fórmula de cálculo de las entregas a cuenta es conocida, agregó. Incluso puso a disposición a los técnicos del ministerio. Tras pronunciarse la autoridad, Puig aseguró la «voluntad inequícova» del Consell de que haya presupuesto. Y subrayó el mismo concepto que Montero: «Es nuestra obligación».
Las opciones de la prórroga parecen así escasas. Dependerá al final de la posibilidad de un acuerdo presupuestario con los socios en campaña.
La ministra avanzó asimismo que las entregas a cuenta (460 millones) llegarán «los primeros días de noviembre». Las elecciones son el 10, pero rechazó que sea una acción electoralista, sino que tiene que ver con la situación de tesorería que se calcula que por entonces tendrá la C. Valenciana.
Montero también alegró el día al Consell al dar acta de normalidad a los 1.350 millones ficticios (o reivindicativos) que cada año el Botànic incluye en Presupuestos.
No fue más que una mañana en periodo de precampaña en la vida de una representante cualificada del Gobierno, pero esta dejó con una sonrisa a los mandos del Consell y a los principales agentes económicos. Ninguno quedó con el sabor de un discurso impostado. En todo caso, la hemeroteca, implacable, dictará sentencia dentro de unos años.
