El seísmo de la sentencia del «procés» catalán capitalizará en buena medida tanto la sesión plenaria de hoy como la de la semana que viene en las Corts. Aprovechando el clima de conflicto, la oposición parlamentaria ha elevado su ofensiva y ha decidido exprimir al máximo cualquier vínculo o simpatía que pueda enlazar al Botànic con el independentismo a través de una batería de iniciativas. En el punto de mira: tanto las asociaciones que reciben ayudas públicas como los cargos de Compromís y Unides Podem que participaron en las manifestaciones contra el fallo.
Aunque el pronunciamiento del Supremo descarta el delito de rebelión que solicitaba la Fiscalía, al entender que las instituciones catalanas no promovieron la violencia el 1-O, tanto el PPCV como Ciudadanos y Vox mantienen que se produjo un golpe de Estado. La síndica popular, Isabel Bonig, planteó ayer una iniciativa con la intención de modificar la Ley de Hacienda Pública «para que no se puedan dar subvenciones a organizaciones, asociaciones o entidades que no respetan la Constitución y promueven la subversión del orden constitucional». Bonig citó a Stepv, Acció Cultural del País Valencià e Intersindical en el paquete de entidades que deberían quedarse sin fondos. La portavoz del PP, además, fue muy crítica con la presencia de los dirigentes de Compromís y Unides Podem en la manifestación del lunes. «No se puede permitir que quienes cobran del erario público ataquen al sistema y a las instituciones», zanjó.
El portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, calificó de «absolutamente despreciable» la presencia de políticos de las formaciones del Botànic en las concentraciones contra la sentencia que condenaba «los golpistas» y avanzó una enmienda en el pleno de hoy para que «no les llegue ni un euro de los valencianos a quienes se manifiestan en contra de España y pretenden socavar las instituciones democráticas». Vox ha solicitado una comisión de investigación en la misma línea.
En bloque, los portavoces del PSPV, Compromís y Unides Podem reivindicaron la libertad de expresión y defendieron que el respaldo a las manifestaciones fue «a título individual». El síndic socialista, Manuel Mata, recalcó que las subvenciones de la Generalitat se conceden «en estricto cumplimiento de la ley», y señaló que no se puede «satanizar» a una asociación por convocar una concentración o por opinar de determinada forma. Para ilustrarlo, afirmó que la Iglesia «gasta tres veces más de lo que ingresa del IRPF en 13 TV que en Cáritas». El síndic de Compromís, Fran Ferri, acusó a PP y Cs de «tender hacia posiciones más propias de un Estado fascista» por «condicionar» las ayudas «en función de a qué manifestaciones se va» e incidió en que protestar demuestra «salud democrática».
Consellers ausentes
La junta de síndics acordó ayer que el pleno de la semana que viene no tendrá iniciativas parlamentarias, solo preguntas, interpelaciones y peticiones de comisiones, junto a la sesión de control al presidente. Cantó lamentó que no se podrán debatir proposiciones de ley y Bonig censuró la ausencia de 4 miembros del Consell en la sesión de hoy por cuestiones de agenda.
