La decisión de la Diputación de València de sustituir el concurso de méritos por la libre designación como sistema para elegir a los funcionarios con mayor responsabilidad fiscalizadora en el seno de la corporación provincial -como ayer adelantó Levante-EMV- ha reabierto un antiguo debate sobre el papel de los habilitados nacionales (secretarios, interventores y tesoreros) en el control de las Administraciones Públicas y la transparencia de los procedimientos de selección. A los argumentos enumerados en los informes que justifican el regreso al procedimiento seguido hasta 2017, la diputación sumó ayer nuevos razonamientos.
Fuentes de Presidencia limitan a tres los puestos de altos funcionarios afectados por una modificación que aseguran que responde a un criterio expresado por los técnicos, no político. La propuesta, en cualquier caso, supone renegar del cambio de sistema promovido hace dos años por el expresidente de la diputación, Jorge Rodríguez, que introdujo el concurso de méritos para seleccionar a la cúpula funcionarial, tradicionalmente elegida discrecionalmente. Aquel paso fue aplaudido por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital), que lo había reclamado reiteradamente.
La nueva dirección política de la diputación considera «desconocidas» las razones del cambio y sostiene que en el expediente de la reformulación diseñada en 2017 no se justificaban los motivos. La transición se apoyaba en la ley de régimen local, según la cual el concurso es el sistema ordinario de provisión de las plazas reservadas a habilitados nacionales. En cualquier caso, las mismas fuentes mantienen que el nuevo escenario conllevaba una «anomalía» que convertía a la Diputación de València en una «excepción» respecto a las instituciones hermanas de Castelló y Alicante, donde los nombramientos son por libre designación.
Aunque la normativa lo señala como «excepcional», este último procedimiento es legal y se permite en las entidades de grandes dimensiones. Ofrece «un margen en la libertad de designación y cese» de los candidatos bajo aspectos de «idoneidad y confianza personal», siempre y cuando la elección esté «ampliamente motivada» y lo autorice el Ministerio de Hacienda. En Presidencia se desmarcan y aseguran que no tiene intención de colocar a personas afines. Otro argumento es que que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la diputación existen en la actualidad 70 puestos de libre designación, entre los que se incluye al personal que se sitúa por encima de los jefes de servicio «por su espacial responsabilidad y carácter directivo y de coordinación», conforme al convenio de los funcionarios.
Conflictividad
Desde la corporación provincial, por otra parte, revelan que los procesos de concurso que se promovieron para cubrir las plazas de funcionarios habilitados a partir de la modificación de 2017 no han estado exentos de conflictividad: el colegio oficial impugnó las bases por la vía contenciosa-administrativa por su disconformidad con los requisitos exigidos.
El regreso de la libre designación para la cúpula funcionarial se acordó en la comisión informativa del martes con la abstención de la oposición. El PP lamentó ayer que el punto no figuraba en el orden del día: se incluyó por despacho extraordinario.
El presidente de la diputación, Toni Gaspar, admite un error de procedimiento que atribuye a una «desobediencia» interna, haciendo hincapié en que ha dado instrucciones para que ninguna propuesta se tramite de esta forma «por respeto a los diputados». En el PP cuestionan el cambio de criterio respecto a la decisión adoptada en 2017 y no lo ven suficientemente motivado. Según Presidencia, las carencias de documentación justificativa apuntadas por la secretaría general ya se han subsanado.
