18 de octubre de 2019
18.10.2019
Tribunales

El juzgado procesa a Pere Fuset por la muerte de un trabajador en los conciertos de Viveros

El juez abre procedimiento contra el concejal por un presunto delito de homicidio causado por imprudencia grave y señala al Ayuntamiento de València como responsable civil

18.10.2019 | 15:36
El juzgado procesa a Pere Fuset por la muerte de un trabajador en los conciertos de Viveros

El juzgado de Instrucción 18 ha procesado al concejal de Cultura Festiva y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, por un presunto delito de homicidio causado por imprudencia grave y otro contra la seguridad de los trabajadores. El procesamiento de Fuset responde a la causa abierta por el juez tras el fallecimiento de un trabajador durante el montaje de las gradas de los conciertos de Viveros del año 2017, que tradicionalmente tienen lugar durante la Feria de Julio.

Según confirma la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, junto a Fuset también han sido procesados los promotores de los conciertos, así como las personas jurídicas que cada año organizan los conciertos de verano en el recinto de Viveros. Además, el juzgado señala en su resolución al Ayuntamiento de València como responsable subsidiario. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso, tanto en el mismo juzgado como en apelación ante la Audiencia de València.

La decisión abre la puerta del juicio oral contra Fuset y complica su horizonte judicial. El concejal valencianista, señalado como uno de los posibles sucesores de Joan Ribó, había pedido el archivo de su imputación sin éxito. Ahora serán las partes personadas en la causa las que propongan penas y la solicitud de juicio, si procede.

El trabajador que falleció durante el montaje de la gran novedad de la edición de 2017 de la Feria de Julio, unas gradas con capacidad para 950 personas que no se han vuelto a instalar en ninguna otra edición, tenía 47 años, estaba casado y con dos hijas. El atestado de la Policía Nacional incluido en la causa recoge que la víctima mortal cayó como un péndulo hacia abajo desde una altura superior a los tres metros con resultado de muerte cerebral. Falleció siete días después, el 4 de julio, en el Hospital La Fe.

El juez ha constatado que Fuset fue el último responsable del montaje de las gradas y que envió una carta a la entidad organizadora para que aceptaran la instalación en el recinto público que les había cedido y lo incluyeran en el plan de autoprotección.

Todo se hizo de una manera acelerada y sin controles, según el juzgado. El montaje de las gradas carecía de estudio de seguridad y salud, siendo las medidas acordadas -la colocación del arnés en el mismo piso que se estaba montando-, "insuficientes e inútiles", pues el centro de gravedad del arnés y del punto de sujeción eran inferiores a la posición del trabajador. La empresa que montó esta instalación es Promociones Musicales Osuna, una mercantil que ya fue sancionada junto al Ayuntamiento por la Inspección de Trabajo por estos hechos.

El juez ha tomado declaración en este procedimiento a 11 imputados -ahora, investigados-, tres testigos y dos peritos. Tras interrogarles y revisar diversa documentación, el juzgado ha concluido que no existía procedimiento alguno de evaluación de riesgos, una circunstancia que deriva en la presunta "participación criminal de Pere Fuset en la causación del fallecimiento imprudente" del trabajador. En concreto, el juzgado imputa estos hechos al concejal de Compromís por no haber exigido a la empresa contratada que aportara los análisis de seguridad.

En definitiva, relata el juzgado, existen en este momento procesal indicios racionales de que Fuset "personalmente, no a través de sus técnicos (...), exigió con una mínima antelación a la celebración, premura en el montaje" de unas gradas sin exigir que se cumplieran unas mínimas garantías de seguridad para los trabajadores.
Además, el juez propone investigar al concejal por un presunto delito de prevaricación, pues las gradas se habrían instalado sin iniciarse el correspondiente procedimiento administrativo.

En concreto, el juez afirma que podría abrirse otra causa por estos hechos y propone que se remita al decanato de la ciudad de la justicia de València para que se averigüen estos hechos. Fuset nunca ha escondido que no existía expediente para autorizar el montaje de las gradas.

El accidente

El 4 de julio de 2017 trascendió públicamente que un trabajador había fallecido a causa de un accidente laboral sufrido cuando participaba en los trabajos de montaje e instalación de las gradas para los conciertos de Viveros de Valencia. El accidente se había registrado una semana antes, por causas que no se precisaron, pero no se informó a los medios de comunicación hasta que fuentes sanitarias confirmaron que la víctima había fallecido días después en el Hospital La Fe por las lesiones producidas tras la caída.

El procesamiento de Fuset llega en un momento de alta tensión en el Ayuntamiento que encabeza Joan Ribó, en plena crisis por la estafa de 4 millones de euros de la EMT. El portavoz de Compromís siempre ha mantenido que las gradas fueron una imposición de los promotores de los conciertos. Ahora, tras varios años de diligencias, el juzgado mantiene que el Ayuntamiento debería de haber exigido el montaje con todas las garantías.

El procedimiento para contratar los conciertos de Viveros es muy particular, pues, tal y como han admitido los imputados durante la fase de instrucción, existe un acuerdo no escrito entre el Ayuntamiento y la Asociación de Promotores de la Comunitat Valenciana para que sus asociados organicen los conciertos.

Las personas jurídicas procesadas junto a Pere Fuset son, además del Ayuntamiento, Promociones Musicales Osuna, Calerestina SL, Ttercios SL y la asociación de promotores.

La seguridad en el trabajo

La protección de las personas que desarrollan un trabajo para una empresa es una de las grandes conquistas sociales que quedó plasmada en la Constitución con el artículo que establece que los poderes públicos "velarán por la seguridad e higiene en el trabajo".

Los artículos 316 y 317 del Código Penal castigan a "los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física».

La siniestralidad laboral es un problema insostenible que se castiga penalmente para proteger la vida, salud e integridad física de los trabajadores. Es el único delito en que no sólo se castiga la realización de estas conductas de forma maliciosa, sino también cuando se cometen de forma imprudente.

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