El 90% de los municipios valencianos incumple la obligación de inscribir los bienes públicos en el registro de la propiedad y facilitar el acceso a planes urbanísticos debidamente georreferenciados y con metadatos. «Existe un incumplimiento generalizado porque no les interesa, porque no da votos y porque no hay dotación presupuestaria para cumplir con la obligación de inscribir todo el patrimonio público», explica Pedro Fandos, registrador de la propiedad, que ofrece un dato revelador. Transcurridos dos años desde la entrada en vigor de la ley hipotecaria de 2015, «a fecha de 30 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento de Alzira fue el único que envió la documentación que exigía la ley 13/2015 de reforma de la ley hipotecaria (el anterior texto legal sobrevivía desde el franquismo ya que se aprobó en 1946)», explicó el registrador. Cuatro años después apenas el 10% de los 542 municipios valencianos ha hecho los deberes.
Una indolencia administrativa que genera efectos negativos en cadena sobre la ciudadanía, según desgranaron ingenieros topográfos y registradores de la propiedad en el taller y mesa redonda sobre la aplicabilidad de la ley hipotecaria organizada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universitat Politécnica. Un acto organizado por la Asociación española de geómetras expertos que ayer también celebró en València su «V conferencia». Los geómetras expertos pretenden cubrir, a través de la ingeniería topográfica, la laguna legal que existe en las labores de medición y gestión de las propiedades inmobiliarias. Una laguna que existe porque, recuerdan desde la asociación, «en el sistema jurídico actual no es posible garantizar los límites de las propiedades si no es por acuerdo entre las partes o sentencia judicial, y no en todos los casos». Por ello, «los informes realizados por un geómetra-experto son la mejor base jurídico-técnica para poder demostrar ante terceros los límites de una propiedad inmobiliaria».
El delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, que inauguró la jornada admitió los problemas que genera en la ciudadanía el incumplimiento de la ley hipotecaria. «Los problemas que existen para la delimitación del dominio público son problemas que se trasladan a las propiedades privadas», aseguró.
«La fiablidad en la información y adecuada descripción del inmueble incrementa la seguridad jurídica», defendió la decana de los Registradores de la Propiedad, Begoña Longás Pastor, que también aperturó el acto junto al presidente de la Asociación de Geómetras expertos, Alejandro Guinea de Salas.
La desidia administrativa (local autonómica o estatal) está detrás de muchos de los problemas creados por la falta de deslindes o inscripciones formales legales. Desde expropiaciones que no se han notificado al registro de la propiedad, que obliga a sus antiguos propietarios a pagar el IBI de un bien que ya es de la administración a reparcelaciones de planes urbanísticos realizadas con ortofotos aéreas «a efectos económicos, que nadie había inscrito en el Registro de la Propiedad».
La documentación que se aporta para legalizar propiedades también suele ser vetusta y sin coordenadas geográfico, incluso, la «cartografía catastral es ciencia ficción porque incluye retranqueos que no existen o términos municipales que, intentas juntarlos y no coinciden», aseguró Antonio Soria, IngenieroTopógrafo y Geómetra Experto,
Otro ejemplo lo componen las vías pecuarias valencianas (14.000 km en las tres provincias) de las que «sólo está deslindado el 2%», según la profesora de la Escuela de Ingeniería Geodésica, Carmen Femenia. Para hacerse una idea de la complejidad de esta tramitación valga un ejemplo. «Un deslinde o apeo en Requena supone la notificación a 500 afectados», reveló el técnico de la sección forestal de la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica, Gabriel Vareal, de quien dependen los 14.000 kilómetros de vías pecuarias valencianas.
La desidia registral también produce callejones sin salida diabólicos como la construcción del canal Júcar-Turia -una obra de interés general- «que dividió parcelas que continúan siendo una finca registral y no se pueden segregar», reveló Jesús Martínez Martí, jefe de sección del suelo no urbanizable de la Conselleria de Agricultura.
Como vías de solución a estos desaguisados, técnicos y funcionarios reivindican la obligatoria colaboración con geómetras y topógrafos. «La base de un plan general es una buena cartografía», abogó el secretario del Ayuntamiento de Picassent, Jorge Francisco Ricart. Los geómetras también luchan para que «el protocolo de deslinde técnico» que han elaborado «sea aprobado por notarias y registradores de la propiedad».
