A la magistrada canaria Victoria Rosell aún se le quiebra la voz cuando, en el transcurso del relato, nombra a sus dos hijas y recuerda la «factura social» que sufrieron. «Todavía duele», advierte antes de comenzar su intervención delante de las decenas de asistentes que han acudido a la sala de la facultad de Historia y Geografía de la Universitat València para escucharle hablar de las cloacas del Estado. Le flanquean en la mesa la secretaria autonómica de Justicia, Mireia Llobera, y el cabeza de lista de Unides Podem por València para el 10N, Héctor Illueca.
Rosell ha sido elegida en dos ocasiones como diputada de la formación morada en el Congreso, aunque la primera vez, en 2016, tuvo que dimitir tras las acusaciones de las que fue objeto en los tribunales dirigidas por el entonces ministro José Manuel Soria, su contrincante político en Canarias, y el juez Santiago Alba, un rival en la carrera judicial que urdió un complot con un empresario previamente investigado por Rosell.
La querella contra la parlamentaria quedó archivada, pero Alba terminó siendo condenado en septiembre a 6 años y medio de cárcel y a 18 de inhabilitación por incurrir en prevaricación y falsedad documental en sus maniobras contra la diputada. Rosell, que ve una «conspiración mafiosa» detrás de su caso, pone como «ejemplo de cloaca de nivel superior» que un ministro y un juez en activo «alteren la voluntad del Parlamento para sacar a una persona que representa a los ciudadanos».
A juicio de la magistrada, la corrupción «no es un problema penal» y subsiste a todos los niveles, desde el político al policial pasando por el judicial, por culpa de la «tolerancia social». La solución, para Rosell, está en manos de la ciudadanía, a quien emplaza a elevar su nivel de exigencia con las instituciones y a«mostrar un grado de tolerancia cero» para combatir no solo la corrupción en las Administraciones, sino también la «parroquiana», un adjetivo donde engloba las facturas sin IVA, los enchufes o «los contratos a amigos». «Tienen una alta responsabilidad. Necesitamos su conciencia para poder hacer frente a las cloacas», interpeló la magistrada. Rosell ve «especialmente grave» que un Estado «incumpla su propio derecho» y que «vulnere leyes todos los días».
Una «querella tramposa»
La magistrada recuerda que fue señalada como una «jueza corrupta» por una «querella tramposa» que enmarca dentro del torbellino de informaciones falsas contrarias a Podemos que fueron publicadas tras la irrupción de la formación morada en el Congreso. Meses después, el exministro Soria tuvo que dimitir por su relación con los papeles de Panamá.
Según el diputado Héctor Illueca, con la aparición de Podemos «las élites se vieron amenazadas» y «se puso en marcha una cloaca gigantesca para deteriorar nuestra imagen». En su caso, Rosell subraya la «paradoja» de que fuera el empresario al que imputó por delito fiscal el que desmontó las acusaciones contra ella al hacer públicas unas grabaciones con el juez Alba, que demostraban la conspiración. «Alguien no cumplió lo prometido», apunta la magistrada.
