Un día después de conocerse el demoledor fallo del Tribunal Superior de Justicia que anula el rechazo del Consell al megacentro comercial y de ocio proyectado en Paterna, Puerto Mediterráneo, la pelota queda ahora en el tejado de Presidencia de la Generalitat.
La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la resolución de la Conselleria de Territorio de fecha 10 de octubre de 2016 que deniega la propuesta del Plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE) Puerto Mediterráneo y exige a la Conselleria de Medio Ambiente que emita un nuevo informe estableciendo las condiciones para que el proyecto comercial sea sostenible.
La cuestión ahora es saber si el Consell del Botànic, formado por los dos socios que estaban la pasada legislatura (PSPV y Compromís) más Unides Podem, recurre la sentencia o si por el contrario inician ya el trámite para retomar el proceso donde establecen los jueces: en la evaluación de la Comisión Ambiental.
En este sentido, una de las patas del Botànic, Unides Podem, ya exigió ayer que el Consell agote «todas las vías legales para impedir la construcción de Puerto Mediterráne0», al considerar que «choca frontalmente» con la Declaración de Emergencia Climática aprobada recientemente por el Gobierno valenciano.
El proyecto comercial y de ocio «amenaza» el comercio local y el paraje natural de La Mola, y no pueden anteponerse los intereses de una multinacional británica a los generales de la sociedad valenciana, aseguró.
También ayer, Compromís, a través de su agrupación en Paterna, exigió a la Generalitat que «continúe protegiendo los intereses de todos los valencianos y recurra la sentencia».
La Generalitat se ha dado este fin de semana para valorar la sentencia desde el punto de vista jurídico, sin hacer declaraciones. Con todo, según ha podido constatar este diario, en las filas socialistas existe un profundo malestar con el desempeño la pasada legislatura de los responsables de Medio Ambiente, departamento que sigue bajo control de Compromís.
Lo cierto es que el demoledor fallo de los cuatro jueces de lo contencioso cuestiona la actuación de la Comisión de Evaluación Ambiental que dirigía entonces Julià Àlvaro. Entienden en el PSPV que da razones al promotor (un grupo extranjero) cuando critica la falta de seguridad jurídica para invertir en la C. Valenciana, después de que multitud de dirigentes de Compromís hayan manifestado durante años su oposición al proyecto.
Entre otras cosas, el TSJ sostiene que ese informe no era consistente, ni se ajustaba a derecho y que el órgano ambiental se extralimitó en sus competencias. En lugar de emitir un informe negativo y tumbar el proyecto, Medio Ambiente debió «imponer las condiciones necesarias» para que el proyecto «sea viable».
Por ahora, la intención de la Generalitat es dejar hablar a los técnicos antes que a los socios del Botànic. Será la Abogacía la de Generalitat la que decida si hay base para recurrir el fallo o si toca asumirlo y volver a emitir el informe.
Por su parte, la oposición atacó al Consell por la sentencia.La portavoz de Medio Ambiente del PP en las Corts, Elisa Díaz, aseguró que el Consell «suma una nueva sentencia contra la imposición de su sectarismo» y se felicitó por el fallo del TSJCV en relación a la construcción del megacentro comercial de Paterna Puerto Mediterráneo.
La portavoz popular recordó que en los últimos años «Compromís había manifestado su intención de impedir a toda costa que Puerto Mediterráneo fuera una realidad, aun a sabiendas de que la ATE contaba ya con todos los informes necesarios favorables, alrededor de medio centenar».
