El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció en las Corts en julio de 2018 que el Consell preparaba una ley de gobierno local para «asumir al máximo el principio de subsidiariedad». Esto es, el traslado de competencias a los ayuntamientos, la más cercana a los ciudadanos. Respondía a Podemos, que lamentaba «la pasividad y continuismo» del Consell sobre las diputaciones.
Pocos días después de aquellas palabras de Puig había tenido lugar la operación Alquería, con la detención del entonces presidente socialista de la Diputación de València Jorge Rodríguez. Esa ley de gobiernos locales fue presentada así como un proyecto para favorecer la coordinación con las instituciones provinciales, una forma en la práctica de vaciarlas de contenido potenciado el poder municipal y autonómico.
¿Qué ha pasado con esta norma? Ha entrado en una fase de «repensamiento». Presidencia de la Generalitat elaboró un borrador que envió a las universidades antes de las elecciones autonómicas. Atravesado ese rubicón y rebajada la ebullición por las detenciones con la que el proyecto se presentó en julio de 2018, este ha entrado en una etapa de reflexión y reconsideración, aseguran fuentes de Presidencia.
Un texto más ambicioso
La cuestión es que, con el horizonte despejado tras la victoria electoral, el objetivo ahora del equipo de Puig es convertir la nueva ley de gobierno local en un texto más ambicioso que ordene el nuevo marco de las ciudades.
Se trata no solo de abordar cuestiones de procesos de participación ciudadana y buen gobierno, sino de ir más allá e introducirse en los efectos de la innovación tecnológica (los nuevos cauces de internet) en la relación de las ciudades con los vecinos. El proceso se quiere conducir con calma. Incluso se plantea la organización de un foro de reflexión sobre las nuevas ciudades del que surjan contenidos que pueden tener alguna cobertura en la futura norma, que se quiere que sea algo más elaborado que una mera orden reguladora de procedimientos. Si se pregunta por plazos, las fuentes citadas responden que la nueva ley podría estar a finales de 2020, aunque posiblemente sea después.
¿Qué pasa con las diputaciones? El proyecto mantendría el apartado sobre la coordinación de competencias de las diputaciones, que en la práctica es una forma de reducir el peso de una institución que es una reminiscencia del pasado en el Estado de las Autonomías. Se trata de evitar las duplicidades de funciones fijando las que corresponden a los municipios y al Consell.
El ejecutivo del Botànic intentó en su primera legislatura esa coordinación en las áreas de Turismo y Deporte vía decreto, pero el TSJ valenciano y el Supremo cerraron esa puerta al considerar que un decreto no podía regular lo que ya estaba en la ley de Régimen Local de 2010.
De todas maneras, la ley de gobierno local no es el único frente legislativo para adelgazar las diputaciones. En las Corts quedó varado al final de la legislatura anterior un proyecto de ley en esta línea con el sello de Podemos.
La reforma constitucional
El Consell de izquierdas ha dejado clara en diversas ocasiones su voluntad de restar el poder de las diputaciones provinciales. Sin embargo, esa iniciativa política choca con la realidad normativa y constitucional, que protege a las instituciones provinciales. Así será mientras la Carta Magna no se modifique. Este es el contexto.
En esa línea, la propuesta de reforma constitucional que la Generalitat llegó a aprobar incluye que cada comunidad autónoma decida qué organización territorial prefiere, si mediante provincias, comarcas o sin unas ni otras.
Mientras los proyectos legislativos avanzan lentos ante las dificultades constatadas, por la vía de los hechos el Botànic creó en la legislatura anterior una comisión bilateral con la Diputación de València para ordenar las competencias. Se constituyó en febrero de este año, pero como los cargos han cambiado tras las elecciones autonómicas y municipales, es previsible que se modifique su composición.
