Fue un proyecto imponente, construido sin reparar en gastos. Luz, aire y cristal. En 2003, el Consell del PP, el de los grandes eventos y los grandes contenedores, inauguraba un complejo concebido para agrupar todos los servicios de justicia dispersos por la ciudad bajo el mismo techo. Un edificio de hormigón, acero y cristal, diseñado por el arquitecto Alfredo Batuecas, y cuyos 120 millones de presupuesto se dispararon vía sobrecoste hasta los 200.
Quince años después, los 114.000 metros cuadrados de este recinto son un quebradero de cabeza para la Conselleria de Justicia; tres lustros salpicados por graves problemas ligados al mantenimiento que han provocado incomodidades a los funcionarios, letrados y usuarios; daños materiales y alguna situación dramática.
Definitivamente, no está siendo un buen año 2019 para la Conselleria de Justicia en lo relativo a este enclave de referencia. El último episodio ha sido la muerte, la pasada semana, de un hombre en las instalaciones por parada cardiorrespiratoria al que no se pudo asistir con el desfibrilador ya que este no funcionaba por falta de pilas. La administración está investigando qué falló en la cadena de mantenimiento del aparato.
Este episodio se suma a un reguero de chapuzas que convierten a la Ciudad de la Justicia en noticia y no solo por los juicios e instrucciones que allí se celebran. Hace apenas dos semanas, un preso que había sido trasladado desde Picassent para ser juzgado se escapaba de los calabozos y salía por la puerta principal del complejo.
Este verano, la noticia estuvo en los ascensores. Como reveló Levante-EMV, los montacargas tenían caducadas las revisiones desfavorables. En el mes de junio lucían una inquietante pegatina alertaba de la inspección «desfavorable» y de que, en caso de no repararse, quedaría fuera de servicio. Los problemas continúan: este mes de octubre, cinco ascensores quedaban cerrados. Un trastorno para el funcionamiento de un edificio por el que circulan cada día más de diez mil personas.
Uno de los episodios más controvertidos del enclave se vivió hace poco más de dos años. Un cortocircuito durante un domingo provocó un incendio que arrasó varios juzgados y obligó a mantener cerrado durante una semana el edificio que hace de sede de juzgados, la Audiencia, la Fiscalía y el Registro Civil de la ciudad. Aquello motivó la suspensión de actuaciones y un gasto de 2,6 millones en la reparación de los daños. Volvió a quedar en entredicho el funcionamiento del edificio, en este caso en lo que respecta a los sistemas de detección y respuesta a este tipo de incidentes.
Y como todo edificio emblemático facturado en aquellos años, la Ciudad de la Justicia no se ha librado de goteras. En cada episodio de lluvias intensas, como ocurrió en octubre de 2018.
Los problemas, de hecho, no son cosa del paso del tiempo. Casi como un mal presagio, las quejas de funcionarios y usuarios se acumulaban ya en los primeros meses de actividad de esta obra, inaugurada antes de estar terminada. Chapuzas city, la bautizaron los medios. Algunas, antológicas, como una rampa de acceso a la zona de los calabozos tan estrecha que no cabía el furgón, o un juzgado de guardia sin salida de emergencias. Otras, como las quejas por el sistema de refrigeración, acompañan a la Ciudad de la Justicia desde el primer día, y reaparecen casi en cada cambio de estación.
