Mina llegó de Armenia con dos carreras debajo del brazo: Matemáticas y Economía. Está especializada en programación, habla inglés perfectamente y trabajó durante veinte años como jefa del área de informática en una empresa. Pero en España no es nada hasta que no consiga la tarjeta de residencia. Igual que Frank. Un chico venezolano de 22 años, que llegó dispuesto a estudiar programación de videojuegos, pero su situación irregular se lo impide y en lugar de eso transita por trabajos precarios sin contrato. Mina y Frank llevan aquí poco más de dos años, como tantos otros, sin permiso de estudios ni trabajo, esperando pacientemente a conseguir «los papeles». Su vida ha quedado en pausa . No pueden estudiar ni trabajar durante tres años. Un parón impuesto en el camino.
La ley de Extranjería, que regula la entrada y estancia de migrantes extracomunitarios en territorio español, es un auténtico laberinto burocrático para muchas de las personas que llegan a nuestro país con la intención de quedarse y pasan a estar en situación irregular. «A estos migrantes no se les permite quedarse en España de ninguna manera, ni como estudiante, ni como trabajador. Deben pasar tres años para demostrar el arraigo y conseguir su documentación, permiso de trabajo y residencia» señala Mireia Estellés, del servicio jurídico de Cruz Roja.
Frank y Mina son usuarios de El Puchero, un comedor social situado en el barrio de Orriols que atiende a más de 200 personas diariamente, entre las que se encuentran muchos migrantes en su misma situación. El local, gestionado por la compañía San Lúcar, tiene una lista de espera de más de 90 personas. Sin permiso de trabajo ni residencia, los ingresos que pueden aportar en sus hogares son más bien pocos. Por eso reciben ayuda de distintas entidades sociales, una tabla salvavidas que palia su situación de precariedad.
Pero los tres años no son el único requisito para que estas personas puedan continuar su proyecto vital. Necesitan acreditar la asistencia a varios cursos, uno de ellos de inserción laboral, y conseguir una empresa que esté dispuesta a contratarles durante un año a jornada completa. Conseguir este precontrato es la mayor dificultad que enfrentan. «La mayoría de las empresas como restaurantes o tiendas necesitan empleados temporales y que se incorporen en un corto espacio de tiempo. No pueden esperar tres meses mientras se resuelve la burocracia para contratar a un trabajador», señala Mireia. Para Mina, la situación se convierte en un círculo vicioso; «no me hacen un contrato porque no tengo papeles, y no tengo papeles porque nadie me hace un contrato. Es una dinámica de la que es muy difícil salir» denuncia.
Migrantes y precarios
Retirar escombros o ayudar en obras son los trabajos (sin contrato) que ha encontrado Frank para aportar ingresos a su familia. «Sabemos que no se debe hacer, pero es la única manera de ganar ingresos que él tiene» señala su padre. En el caso de Mina y su pareja, que lleva diez años en España, los trabajos esporádicos que van encontrando no son suficiente para cubrir sus necesidades. «Rápidamente gastamos lo que ganamos en la luz y el agua de la casa. No podemos permitirnos cosas como comprarle un vestido a nuestra hija o una tableta de chocolate» denuncia.
Desde Cruz Roja advierten: «La situación social y laboral de estas personas acaba siendo muy precaria. Muchas se ven abocadas a trabajar en negro para introducir algún ingreso en sus hogares , y se ven expuestos a la explotación laboral que supone. Hemos tenido empleadas domésticas trabajando 24 horas al día por 500 euros».
Por si fuera poco esta precariedad, la gran mayoría de prestaciones sociales están vinculadas a la legalidad. Los migrantes irregulares sólo pueden acceder hoy a las ayudas ligadas al empadronamiento (en el caso de que lo estén). Algunas prestaciones que ayuden a pagar recibos o gastos de emergencia. Y poco más. La teoría dice que estas personas pueden acceder a la Renta Valenciana de Inclusión, pero la realidad demuestra lo contrario. Esta ayuda está condicionada a una cuenta bancaria donde poder ingresarla. El problema es que, ahora mismo, las entidades bancarias no abren cuentas a personas sin documentación, lo que provoca que, en la práctica, no reciban esta ayuda.
Entidades sociales en contra
Organizaciones sociales han mostrado su rechazo a la ley de extranjería española. Desde València Acoge denuncian que «no tiene sentido a nivel laboral ni a nivel humano, no poder emprender un proyecto vital por falta de documentación es una locura» señala Ignacio Álvarez, trabajador social de la entidad. Añade que «nosotros atendemos a muchísima gente con una formación muy alta, pero que no pueden trabajar. Es un absurdo, porque sería riqueza para nuestro país».
Desde SJM añaden el problema que muchos migrantes enfrentan a la hora de solicitar asilo. Tal como publicó Levante-EMV, la lista de espera para este trámite es de más de un año en València. «Si a ese año de espera le sumamos la obtención de la tarjeta para un permiso temporal de trabajo, una persona se puede pasar fácilmente un año y medio en un limbo legal que le impide hacer nada» apuntan.
Tanto Mina como Frank son solo ejemplos de los miles de migrantes irregulares que, como ellos tienen que enfrentarse a un largo camino antes de poder ser ciudadanos de pleno derecho. Según afirman desde València Acoge «el país de donde vengas puede marcar tu vida. Da igual que tengas dos carreras u ocho».
