El pasado lunes, justo al mismo tiempo en que el Tribunal Supremo anunciaba la sentencia condenatoria contra los líderes políticos y sociales del independentismo catalán que iba a incendiar las calles de Barcelona y el panorama político español, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, arrancaba una misión institucional a China que iba a durar toda la semana.
Un oportuno guiño del calendario, que iba a reforzar más aún el silencio y la distancia con la que Compromís, la coalición en la que conviven los nacionalistas del Bloc con la Iniciativa ecosocialista que lidera Oltra, iba a saludar los sucesos de Cataluña. Ni una mención, a diferencia de lo ocurrido con sus homólogos de Més en Baleares, que abandonaron sus escaños en señal de protesta; ni un gramo de munición, por tanto, para una oposición conservadora siempre dispuesta a agitar el fantasma pancatalanista a cuenta de la gestión de los cargos de Compromís.
Solo un lamento por lo excesivo de las condenas y una llamada al diálogo como única herramienta de solución al problema político territorial. El distanciamiento, que respondía a una consigna de partido, está guiado en realidad por la misma estrategia marcada por Compromís desde que accedió al Consell: una institucionalización que ha relegado la cuestión identitaria dentro del relato del partido.
Todo ello, sin embargo, saltó por los aires el pasado sábado, con la aprobación de una resolución en el consell nacional del Bloc que vuelve a dejar en una situación incómoda a la coalición Compromís.
El texto, como publicó Levante-EMV en su edición del domingo, reivindica la «amnistía de los presos políticos condenados», pide un referéndum pactado y recuerda que el Bloc tiene en su adn la defensa «del derecho a decidir del País Valencià».
No es nada nuevo, pero el momento político, con las elecciones en 20 días, vuelve a situar el debate político en unas coordenadas que incomodan a una parte importante de Compromís, y también a parte del Bloc. 24 horas tardó la presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, en pedir a Ximo Puig que rompa con sus socios de gobierno de Compromís después de que el Bloc aprobara esa resolución.
Bonig insta en un comunicado al presidente de la Generalitat a «romper el acuerdo de gobierno con los separatistas de Compromís», y afirma que «esos que piden la autodeterminación y el derecho a decidir son los que hoy gobiernan en la Generalitat Valenciana».
La líder popular señaló que Puig «es quien ha entregado la educación al Bloc dirigido por Marzà, quien dijo que sin València no hay independencia y que acumula 40 sentencias en contra por atentar contra la libertad de las familias a la hora de elegir la educación y la lengua en la que quieren que sean educados sus hijos».
«Puig también es quien ha puesto una televisión pública dominada por Compromís al servicio del proceso de catalanización. Es quien da ayudas sistemáticamente a asociaciones que promulgan la secesión y la ruptura con España», continuó.
La ejecutiva del Bloc (socio mayoritario de Compromís) y su corriente más crítica y soberanista, Bloc i País, acordaron el sábado una resolución sobre la situación catalana en la que se exige «la amnistía de los presos y presas políticos condenados por organizar un referéndum», como paso para «una solución democrática para Cataluña».
El texto, consensuado tras horas de debate, incide en «la defensa del diálogo como único camino hacia una solución acordada y democrática para Cataluña, buscando las vías para el acuerdo y poniendo encima de la mesa la necesidad de un referéndum pactado tal como se ha hecho en otras partes de Europa».
La resolución afirma que la sentencia del Supremo «es un paso atrás respecto a los derechos democráticos de libertad de expresión y manifestación». «Supone un precedente gravísimo que incentiva las actitudes autoritarias y antidemocráticas todavía presentes en el Estado español y pone en peligro cualquier protesta organizada aunque sea pacífica y no violenta», añade.
El texto, aprobado por unanimidad en el Consell nacional, es un artefacto incómodo para la dirección del Bloc, tras un lustro de responsabilidades institucionales a nivel autonómico que trascienden el mero ámbito municipal donde hasta 2015 se había mantenido el partido nacionalista.
