22 de octubre de 2019
22.10.2019
Informe

El 66 % de las condenados por corrupción son cargos públicos o asesores

Un estudio del profesor Jorge Correcher señala que el 26,6 % de las penas corresponde a funcionarios y el resto a concesionarios de la Administración

22.10.2019 | 16:07

El 66,6 % de los condenados por corrupción desde 1995 en la Comunitat Valenciana corresponde a cargos públicos, personal de confianza o gestores de empresas públicas, el 26,6 % a funcionarios y el 6,6 % restante a concesionarios de la Administración.

Estas cifras se incluyen en un estudio del Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (OCCC) elaborado por el profesor de Derecho Penal de la Universitat de València Jorge Correcher, que se presenta este miércoles en el Centre Octubre de Cultura Contemporània de València.

En este estudio se analizan 32 casos de corrupción pública sentenciados por las tres audiencias provinciales y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desde 1995, es decir, desde la entrada en vigor del actual Código Penal.

La investigación se ocupa, en concreto, de los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas para el colectivo de función pública, y abusos en el ejercicio de su función.

También, cuando aparecen en concurso con alguno de ellos, de los delitos de tráfico de influencias y de fraude y exacción ilegal.

De las 32 sentencias analizadas, 30 han sido condenatorias; el 66,6 % (20) de ellas han supuesto penas para cargos públicos, personal de confianza o gestores de entidades o empresas del sector público; el 26,6 % (8), para personal funcionario; y el 6,6 % (2), para concesionarios o adjudicatarios de la Administración.

De las 20 sentencias condenatorias a cargos públicos, el 25 % (5) se refiere a personas vinculadas al PSPV-PSOE en el momento de comisión del delito y un 65 % (13), al Partido Popular.

Entre este último grupo de condenados se encuentran las mayores penas o aquellas de mayor trascendencia social o económica, como la primera pieza del caso Blasco, residuos y limpieza de Torrevieja, Emarsa, Gürtel/Fitur o la depuradora de Borriol.

Los casos estudiados tuvieron lugar en la ciudad de València (7) y en trece comarcas: l'Alacantí (9), Cofrentes-Ayora (3), Vega Baja (3), Marina Baixa (1), l'Horta Nord (1), l'Horta Sud (1), la Ribera Alta (1), Vinalopó Mitjà (1), Marina Alta (1), La Safor (1), Alto Palancia (1), Camp de Túria (1) y Plana Alta (1).

Solo resultaron absueltos los acusados en los casos del aparcamiento de los Jardines de Monforte de València y de falsedad documental en el Ayuntamiento de la Vall de Laguar.

Entre los condenados figuran los acusados por la apropiación de fondos de las Hermanas Carmelitas de Orihuela, los relojes del vicealcalde de València, los trajes del jefe de Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, el caso Emarsa, el caso Gürtel/Fitur, el caso Blasco (pieza primera), la apropiación de fondos de lotería en Alicante o la depuradora de Borriol.

No se han incluido casos como Brugal, Cártel del Fuego, Divalterra, Imelsa, IVAM, Taula o Comercio porque, a fecha de cierre del estudio, se encontraban todavía en fase de investigación, instrucción o juicio oral.

El Observatori Ciudadà contra la Corrupció es una asociación de asociaciones constituida en 2015 para promover los valores democráticos europeos de transparencia y derecho ciudadano de acceso a la información.

Sus entidades fundadoras son Acció Cultural del País Valencià, Associació Ciutadania i Comunicació (Acicom), Atelier ONGD, Ca Revolta, Escola Valenciana, Perifèries del Món y Societat Coral el Micalet.

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