22 de octubre de 2019
22.10.2019
Movimientos

Bravo intenta controlar la crisis del desfibrilador con una reunión en los juzgados

La Fiscalía pedirá un informe forense sobre el fallo del aparato para determinar si la víctima falleció porque no pudo ser reanimada al instante

22.10.2019 | 00:06
Gabriela Bravo en la apertura del año judicial que tuvo lugar la semana pasada.

La muerte de un hombre que iba a ser juzgado en la Ciudad de la Justicia de València ha revelado las deficiencias que arrastra el edificio judicial más grande de la Comunitat. La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, intenta controlar la crisis con una reunión convocada hoy mismo con los operadores judiciales tras las críticas recibidas por la falta de mantenimiento del único desfibrilador con el que cuenta la Ciudad de la Justicia.

El objetivo del encuentro es, según explicaron ayer desde la conselleria, ofrecer los datos de los que dispone sobre el fallo de este desfibrilador. No obstante, ni el escenario ni las reacciones al fallecimiento del hombre que iba a ser juzgado el pasado jueves por un asunto de tráfico de drogas le son favorables a la consellera.

Ayer, la Fiscalía confirmó que solicitará a los especialistas forenses que se pronuncien sobre si el fallo del desfibrilador fue determinante en el fallecimiento de este hombre de 54 años y natural de Sagunt. Según informó Efe, esta petición se realizará al juzgado de Instrucción número 3, responsable de estudiar este asunto, y se hará independientemente de que se persone o no acusación particular en la causa abierta.

El desfibrilador de la sede judicial no pudo ser usado por marcar nivel insuficiente de batería, lo que llevó a la Conselleria a abrir una investigación cuyas primeras conclusiones facilitará este martes Gabriela Bravo a los colectivos convocados (sindicatos y organizaciones profesionales de abogados, fiscales, jueces, junto a representantes del decanato y otros).

El pasado viernes, la directora general de Justicia, Bárbara López, explicó a los medios que las baterías del desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València se revisaron por última vez el 16 de noviembre de 2016 y que el fabricante del dispositivo recomienda que se haga cada tres años, por lo que este año tenía que pasar una revisión.

Quejas de los jueces

Sobre este mismo asunto, la organización progresista de magistrados Jueces y Juezas para la Democracia (JpD) consideró ayer en un comunicado que debe investigarse si ha existido «alguna negligencia» por parte de la Conselleria de Justicia. En la nota difundida ayer, JpD pidió a Justicia que acordara «medidas efectivas que eviten los riesgos en materia de seguridad y salud que generan estas situaciones».

La asociación Francisco de Vitoria ha lamentado «esta dejación, esta falta de la debida diligencia», y ha reclamado que se depuren responsabilidades por estos «fallos intolerables».

Desde la conselleria insistieron ayer que se ha abierto una investigación «en profundidad» para averiguar por qué no funcionaron correctamente las baterías de este aparato y, para ello, se han solicitado los informes pertinentes tanto a la gerencia de la Ciudad de la Justicia como a los servicios de mantenimiento y seguridad de la Conselleria. Este martes se darán a conocer las conclusiones.

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