22 de octubre de 2019
22.10.2019
Instituto de Investigación La Fe

Sanidad echará al personal temporal del IISLaFe para no prolongar el fraude de ley

El exgerente y actual director general de Investigación, Javier Burgos, anuncia una adaptación progresiva para salvar las ilegalidades detectadas

22.10.2019 | 00:06
Protestas protagonizadas por el personal del IISLaFe.

La Conselleria de Sanidad quiere poner fin al modelo de contratación temporal en fraude de ley que ha marcado la existencia del Instituto de Investigación La Fe (IISLaFe) desde su apertura pero esta solución «a largo plazo» no supone una «salida digna» para los más de 60 trabajadores que actualmente están atrapados por este modelo fraudulento y que están abocados a dejar la institución conforme se les acabe el contrato, según denunciaron ayer desde el comité de empresa.

Ese es el anuncio que ayer trasladó el actual director general de Investigación y Alta Inspección, Javier Burgos, y, a la sazón, exgerente del IISLaFe al comité de empresa de sus exsubordinados.

Era la primera reunión «oficial» para tratar el futuro de los trabajadores desde las movilizaciones del personal y, sobre todo desde el informe de la Inspección de Trabajo (auspiciado por los afectados) en el que quedaba claro que, al menos 62 de los 331 trabajadores, estaban abiertamente en fraude de ley al encadenar contratos temporales de tres años pese a que su trabajo era estructural.

Según fuentes del comité de empresa, Burgos había trasladado que la Administración iba a mantener lo que ya se estableció bajo su gerencia: que los trabajadores irían saliendo del instituto conforme acabaran sus contratos temporales de tres años para «no incurrir en un nuevo fraude de ley» y que la plantilla se iría renovando «progresivamente» con puestos con contratos indefinidos gracias a un aumento «paulatino» de la relación de puestos de trabajo (RPT) que solo incluye a 7 personas actualmente.

Esta falta de reconocimiento de plazas estructurales ha fomentado que la institución crezca hasta casi los 350 trabajadores con una plantilla totalmente precarizada (el 98,5 % tienen contrato temporal) al usar esta forma de contratar, habitual entre los investigadores y que permite la Ley de la Ciencia, para otro tipo de personal que, según Trabajo, ahora está «en fraude de ley». Ellos no estaban vinculados a proyectos de investigación concretos sino que son personal de servicios y apoyo «comunes» a la institución.

Decepción

«Estamos bastante contrariados», reconocía ayer el presidente del comité de empresa, David Hervás. «La excusa que ponen es que no quieren colaborar en renovar esos fraudes de ley y que los compañeros deben ir saliendo del instituto conforme acaben sus contratos pero nosotros entendemos que si ya hay un fraude, no se incurre en una nuevo si se mantiene la situación», explicó Hervás.

La solución planteada por Burgos «es la de ir aumentando paulatinamente la RPT pero estamos hablando de pasar de 7 personas a las 62 de las que habla Inspección de Trabajo o incluso más porque no todos los investigadores son temporales per se y eso llevará mucho tiempo y mientras, se seguirá despidiendo a gente y sacando esas plazas a concurso público».

Los juzgados, la salida

Desde el comité de empresa defendieron que no querían «saltarse» la incorporación a un contrato pero «tenemos unos derechos adquiridos», que, por ahora, se están reclamando por la vía judicial de forma individual.

De hecho y según los últimos datos, son ya cerca de 30 empleados de la fundación pública los que han iniciado acciones legales ante la justicia para reclamar que sus contratos se conviertan en indefinidos. Los primeros juicios se esperaban para este mes de octubre. La solución, sin embargo, «es costosa para los compañeros», recordó Hervás.

Inspección de Trabajo reconocía, sin embargo, que era la única vía de requerir estos derechos adquiridos ya que, pese a que se reconocía el fraude de ley de parte de los contratos, el organismo estatal no podía emplazar a la Generalitat a convertir automáticamente los contratos en indefinidos y solo se podía hacer si mediaba «resolución judicial» y no solo administrativa.

Desde el comité de empresa esperan que las nuevas reuniones que hay previstas aclaren algo más el camino a seguir y no descartan volver a convocar movilizaciones periódicas como las que marcaron el primer semestre del año.

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