La investigación interna abierta por la Conselleria de Justicia tras el fallo del desfibrilador y la muerte de un hombre ha constatado que la empresa encargada de su mantenimiento instaló unas pilas inadecuadas en el aparato.
Según confirmaron ayer desde el entorno de la consellera Gabriela Bravo, al parecer la empresa contratada para mantener el aparato, Imex Salud SL, sustituyó las baterías por unas de menor calidad. Según esta información, al revisar el desfibrilador la Conselleria de Justicia ha comprobado que las pilas que se habían incorporado «no eran las adecuadas».
El fabricante indica en el aparato que no recomienda pilas Panasonic, que son las que precisamente estaban instaladas. No obstante, estas fuentes matizaron que hay que profundizar en la investigación interna y continua recabando datos.
Pese a que el análisis no ha finalizado, la Conselleria de Justicia atribuye la responsabilidad de estos hechos a la exdirectora general de Justicia, Verónica López, exdiputada del PSPV por la provincia de Alicante, quien no habría atendido las denuncias de ciudadanos que llegaban a la Ciudad de la Justicia alertando del fallo.
El departamento que dirige Gabriela Bravo ya se ha dirigido a López para que explique su gestión en la anterior legislatura y no se descartan ceses por estos hechos. Pero Bravo y López todavía no han mantenido ninguna conversación, añadieron estas fuentes.
El pasado jueves un hombre de 54 años que iba a ser juzgado por un asunto de tráfico de drogas falleció por un infarto tras fallar el único desfibrilador que había instalado hasta ahora en la Ciudad de la Justicia, un edificio por el que pasan a diario entre 10.000 y 12.000 personas.
El hombre falleció después de que el SAMU intentara reanimarlo durante unos 45 minutos. Un juzgado ha abierto una investigación y la Fiscalía de València ha pedido que el análisis forense determine si el fallo del aparato produjo la muerte de la víctima.
Según la conselleria, desde el momento en que el hombre desfalleció y llegaron los servicios del SAMU pasaron 11 minutos y luego estos sanitarios intentaron reanimarle durante 45 minutos más sin poder conseguirlo. El SAMU sí pudo utilizar un desfibrilador que ellos portaban, pero no pudieron salvarle la vida.
Al respecto, desde conselleria puntualizaron ayer que es muchísimo más importante el masaje cardiaco que la actuación de un desfibrilador. Es, a su entender, lo que se requiere y lo esencial en este tipo de patologías, y este masaje se le practicó a la víctima.
Por el momento, en todo caso, y con los datos con los que se cuenta, desde Justicia aseguran que no hay nada que haga pensar que el fallo del desfibrilador sea la causa de la muerte del hombre, puesto que se está a la espera de los resultados de la autopsia y de las diligencias encargadas por la Fiscalía de València.
Las revisiones
El desfibrilador de la Ciudad de la Justicia se adquirió en 2009 y había un contrato de mantenimiento de 2012 a 2016. La última revisión que se practicó al aparato fue precisamente en este último ejercicio, en noviembre, y se establecía una revisión cada tres años. Es decir, la revisión tocaba este próximo mes de noviembre de 2019.
Por otro lado, el aparato carecía de contrato de mantenimiento desde el año 2016. Al parecer, de este extremo fue informada la Dirección General de Justicia, mediante unos correos, en el año 2018.
Sin embargo, no se llegó a elaborar ningún contrato específico puesto que se estaba preparando un mes antes un nuevo contrato de mantenimiento para sedes judiciales de la Comunitat en el que se iban a invertir siete millones de euros.
En total, para este proyecto y otro de seguridad se destinaron 12 millones de euros, pero ninguno contempló los desfibriladores. Tras este suceso y al comprobarse ahora esta situación, la consellera Bravo ha sido la primera sorprendida. «No está satisfecha con todo esto», aseguraron ayer desde su entorno.
