El pleno del Consell tiene previsto aprobar este viernes el proyecto de ley del Juego para su envío a las Corts. Se trata de una de las leyes prioritarias para el Botànic, que no pudo aprobarse la pasada legislatura por el adelanto electoral y que viene a suplir a la ya desfasada aunque en vigor de 1988.

El pleno del Consell ya aprobó el proyecto de ley en octubre de 2018 con el objetivo de adaptar la norma ante la proliferación de casas de apuestas y sobre todo ante la irrupción de una nueva forma de juego «on line», todo ello en un contexto de aumento de los casos de ludopatía. De hecho, la ley recoge el impedimento de acceso a locales de juego a los inscritos en un registro de personas excluidas por sus problemas de ludopatía o la limitación de instalar casas de apuestas cerca de colegios o incluso de centros sanitarios. También regulará como especificidad las apuestas en el ámbito de la pelota valenciana de forma que excluye la tributación de los premios por el tipo general del 20% y los fija en el 1,5% ya pactado con el sector.

Precisamente esta semana, Compromís ha presentado una iniciativa para que el Consell realice estudios para la prevención de las adiciones al juego y ha solicitado información sobre el número de autorizaciones otorgadas para las diferentes modalidades de juego o apuestas. En el debate, el PP se posicionó en contra y presentó enmienda a la totalidad.

Consellers para frenar a Vox

Mientras, la ajustada mayoría de la que goza el Botànic obligó ayer a movilizar a varios consellers para evitar que el grupo parlamentario Vox tenga presencia en la Mesa de las Corts. Vox había pedido la modificación del reglamento y Ciudadanos y también el PP mostraron disposición a apoyar a la ultraderecha. En ausencia de los consellers, el Botànic corría el riesgo de perder la votación. La presencia de la vicepresidenta, Mónica Oltra, y de los titulares de Educación y Sanidad, Vicent Marzà y Ana Barceló, permitió un colchón suficiente para impedir que Vox entre en la Mesa.

Por otra parte, el apoyo de la vicepresidenta, Mónica Oltra, a la eliminación del delito de sedición del Código Penal abrió ayer el debate en los pasillos de la cámara donde todos los partidos fueron interpelados. Solo Compromís está a favor porque supondría una posible solución para el problema catalán, Podemos prefiere estudiarlo y PSPV, PP, Ciudadanos y Vox rechazan cambiar el Código Penal.