Un nuevo informe de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aportado al juzgado de Instrucción número 9 de València, que investiga el caso Alquería, considera confirmada la existencia de un llamado «Consejo de Dirección» constituido como un órgano dentro de la empresa pública Divalterra -antigua Imelsa- que no aparecía reflejado en los estatutos del ente y que realizaba funciones que le correspondían al Consejo de Administración, en el que sí estaba representada la oposición, a diferencia del primero.
Además, la Policía afirma que de los correos y mensajes intervenidos se desprende la «gran inseguridad» que existía para llevar a cabo la contratación de nuevos directivos, dado que dichos contratos de alta dirección «no cumplían con los requisitos necesarios para ser considerados como tales» y los investigados tenían «conocimiento».
La Policía también dice haber encontrado documentos que «muestran la incertidumbre jurídica respecto a la contratación de los altos directivos». De hecho, figura un intercambio de mensajes entre Manuel Reguart, asesor de Jorge Rodríguez, y el propio expresidente en el que el primero le traslada: «Estos son los seis puestos de alta dirección (...), sueldo 50mil.». Ante esto, Rodríguez dice que «eso es una barbaridad», pues «además nosotros solo tenemos dos chorradas».
