Las nuevas grabaciones aportadas a la causa que instruye las diligencias derivadas de la Operación Erial, el procedimiento que desmanteló la presunta trama de Eduardo Zaplana, han sacado a la luz los problemas que generó a los testaferros la declaración de Francisco Camps en Gürtel y la posterior reacción del exministro de Trabajo con José María Aznar.
Según constata la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptó una llamada el jueves 8 de marzo de 2018 de Zaplana a Francisco Grau, autor de la ingeniería financiera de la red y uno de sus presuntos testaferros.
La llamada se produjo en torno a las 16.14 horas y en ella el expresidente de la Generalitat traslada a Grau las novedades sobre la venta de un apartamento de su propiedad en Madrid y le pregunta por una fórmula que le permita ahorrarse el pago de determinados impuestos.
Zaplana dice que ha estado hablando sobre los impuestos con su yerno, Luis Iglesias, quien también figura como imputado en la causa, pues «le ha pasado una nota en la que dice que estarán exentas de IRPF las ganancias patrimoniales obtenidas por la venta de la vivienda habitual cuando se reinviertan en otra vivienda», explica la UCO.
En cambio, Francisco Grau le traslada que su vivienda habitual declarada está en Benidorm, en La Cala, por lo tanto no puede acogerse a dicha exención. Zaplana le pregunta si no puede declarar que reside en Madrid y Francisco Grau le contesta que no. El exministro le dice que debería cambiar esta cuestión y Grau responde que el día anterior había visto «la contestación que le diste a este».
La Guardia Civil analiza esta conversación y cree que se refiere al episodio de Camps en la Audiencia Nacional. Un día antes de aquella llamada registrada por la UCO, el miércoles 7 de marzo, Camps señaló a su predecesor en el cargo en el juicio de Gürtel al afirmar: «Eduardo Zaplana me envió a Álvaro Pérez» para que trabajara con el PPCV.
La de Zaplana y Camps fue la madre de todas las batallas políticas, y el exalcalde de Benidorm solo tardó un par de horas en reaccionar. Zaplana envió un comunicado a los medios en el que afirmaba lo siguiente: «Abandoné la presidencia de la Comunidad Valenciana en el año 2002 y por poner un solo ejemplo, en la campaña del año 2008 aún siendo portavoz del Grupo Popular en el Congreso, no pude comparecer por mi circunscripción de València».
Esta afirmación fue la que cuestionó un día después por teléfono el presunto testaferro de la trama. Durante la conversación, Grau insiste en que no puede justificar que su residencia habitual está en Madrid porque, entre otras cuestiones, ha dicho públicamente que se encontraba en otro territorio en ese momento.
En concreto, según los investigadores, «Grau le dice que a efectos de ellos -Zaplana y su mujer, Rosa Barceló- y de la herencia de Rosa están domiciliados en La Cala», por lo que no podría evadir el pago de esos impuestos.
Pero Zaplana insiste. Grau le explica que es verdad que tiene un sueldo en Madrid -trabajaba como consejero para Telefónica-, pero que también es verdad que el consejo de administración de la empresa que gestionaba esta propiedad tenía sede en Benidorm.
Recovecos para evadir impuestos
Ante la insistencia de Zaplana, Grau « le dice que tratará de buscar un recoveco» y el exjefe del Consell le traslada que «sería difícil por parte de Hacienda acreditar que él no vive en Madrid». Pero otro de los problemas era que «tienen declarada como vivienda habitual La Cala».
Grau se compromete a seguir buscando sentencias para resolver este asunto y Eduardo Zaplana le propone que pueden decir que al hacerle ministro se tuvo que ir a vivir a Madrid. Zaplana razona que él se la jugaría y Grau responde que se la juegue y ya resolverán el asunto si Hacienda detecta el fraude para tributar menos.
La Guardia Civil sitúa a Eduardo Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de una red corrupta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo haberse apropiado de unos 10,5 millones de euros procedentes del cobro de comisiones. En el caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos durante la gestión de Zaplana.
