El comité de empresa del Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe demandó ayer «voluntad política» de la Conselleria de Sanidad para resolver la situación de precariedad e inestabilidad laboral en la que está sumida la plantilla en la que el 98,5 % tiene un contrato temporal. De hecho, solicitaron que la Administración no despida a los 62 trabajadores que actualmente están contratados en fraude de ley -según determinó la Inspección de Trabajo en un informe- y se mantenga a estas personas en sus puestos después de que acaben sus contratos temporales de tres años y hasta que los juzgados fallen sobre cada caso individual.
La petición llega después de la reunión que mantuvieron hace unos días los representantes del comité de empresa y el director general de Investigación y exgerente del IISLaFe, Javier Burgos, en la que se les trasladó que todos los contratos señalados por la Inspección de Trabajo se irían rescindiendo conforme terminaran para no ahondar en ese fraude de ley y al ser la administración incapaz de reconvertirlos en puestos fijos de plantilla.
Según el comité, mantener a estas personas en sus puestos sería una manera de «proteger sus derechos» y de permitir «el funcionamiento óptimo del instituto» ya que aseguran que se terminará llegando a una situación de «bloqueo» ya que los despidos no se están cubriendo con nuevas contrataciones.
Empeora el funcionamiento
«La situación del centro empeora día a día, ya que a los ceses se añade que no se están realizando nuevas contrataciones para los servicios de gestión y unidades científico-tecnológicas, lo que terminará por bloquear sin remedio el funcionamiento del que es el primer instituto de investigación sanitaria de la C. Valenciana», explican.
Así, desde el comité de empresa reclaman que se genere cuanto antes una Relación de Puestos de Trabajo que abarque «las 91 plazas solicitadas conjuntamente por la gerencia y el comité de empresa en marzo de 2018, ya que la actual se reduce únicamente a 7 puestos».
El resto, tal como recogía en su informe la Inspección de Trabajo eran profesionales que hacían trabajos de gestión comunes a todo el instituto pero que habían sido contratados como si fueran investigadores vinculados a un proyecto temporal concreto de tres años, encadenando contratos temporales de forma irregular.
«Esto llevó a la institución a una tasa de temporalidad de casi el 99 %, problema que se ha perpetuado con el gobierno del PSPV y Compromís, que incluso ha conseguido empeorar la situación, hasta abocar al centro a una parálisis por la falta de personal», añaden desde el comité de empresa.
