La salida de Intersindical de la Mesa General de Negociación de la Función Pública (el órgano más importante sobre asuntos de personal de la Generalitat que sienta en una mesa a sindicatos y Administración) ha levantado en armas al que está considerado como el sindicato de referencia de Compromís. El cabreo es tal que está dispuesto a «mover» la calle y ya ha convocado protestas frente al Palau de la Generalitat.
El origen del conflicto es una sentencia del Tribunal Supremo de 2018 que deja fuera del órgano de negociación a aquellos sindicatos que no logren como mínimo el 10 % de representación en todos los sectores, en este caso, funcionarial, laboral y estatutario.
Intersindical, tradicionalmente mayoritario en el sector docente, fue el sindicato más votado entre el funcionariado en las últimas elecciones sindicales, pero no alcanzó la representación necesaria entre el colectivo de laborales. La conclusión es que, en aplicación de esta sentencia, la Conselleria de Justicia no los convocó en la última reunión de la Mesa General de Negociación celebrada el martes para negociar el capítulo I de personal. Fue la primera vez desde hace más de doce años que Intersindical no es interlocutor en este foro donde se acuerdan asuntos claves en materia de personal: condiciones de trabajo, ofertas de empleo público, leyes, etc.
La exclusión, que para el resto de sindicatos y la propia Administración tiene una clara base jurídica y consiste en aplicar la ley, para Intersindical es una cuestión política. De hecho, la organización sindical, cuyos dirigentes tienen fuertes vínculos con partidos que ahora gobiernan como es el caso del Bloc, ha mantenido estos meses contactos discretos al más alto nivel político para tratar de seguir en la mesa, tal como ocurrió en la pasada legislatura cuando tampoco alcanzó representación entre los laborales. Los contactos con los tres socios del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) no han dado resultado, por lo que el sindicato entiende que la responsabilidad recae en todo el Botànic y están dispuestos a pasar a la acción.
Mayor beligerancia
Cabe apuntar que en estos años de gobierno de la izquierda, Intersindical se ha mantenido en posiciones de mayor beligerancia hacia las políticas de función pública del Consell. En ocasiones, incluso, se han quedado sólos al no dar su apoyo a determinados acuerdos. Ha sido también el sindicato que más ha apretado para la incorporación del requisito lingüístico en el acceso a la función pública, un asunto en el que no existe unanimidad dentro del Botànic, ni siquiera internamente en las formaciones que lo conforman.
Sea como fuere, todo apunta a que el tono beligerante irá a más con este Botànic II y el foco dejará de estar en la consellera responsable de Función Pública, Gabriela Bravo. Se abre ahora a todo el Botànic, tal como se reflejó en el comunicado de prensa emitido el mismo martes por el sindicato, en el que responsabiliza al Consell de haber privado de voz en la negociación colectiva a casi la mitad de los participantes en las elecciones sindicales. «Es un ataque directo a la democracia, la pluralidad y la libertad sindical en una actuación inédita», denunciaron. Y advirtieron de que se verían obligados a trasladar una parte de la acción sindical a los tribunales y a las calles con movilizaciones.
Al margen de este conflico concreto, la llegada del Botànic a la Generalitat ha cambiado la relación de fuerzas en la citada Mesa de Negociación. UGT se mantiene como el sindicato mayoritario, tal como ocurrió en 2015, pero junto a la salida de Intersindical, el sindicato CSIF, ligado a posturas más conservadoras, pasa de la cuerta posición a la segunda. El sindicato FSES, la federación del sindicato de sanidad y educación, también ha quedado fuera.
