El juez del caso en el que se investiga a Francisco Puig, hermano del presidente de la Generalitat, ha declarado compleja la causa, lo que supone que, muy probablemente, su instrucción se extenderá al menos dieciocho meses, debido a que resulta especialmente complicada.
Una reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que la investigación sumarial dure como máximo seis meses, salvo en los casos en que el fiscal pida al juez que declare la causa como compleja y que éste lo acepte.
Esta decisión debe obedecer a que haya un gran número de imputados o delitos, a que haya abundante documentación, se necesite llevar a cabo actuaciones en el extranjero o que se deba revisar la gestión de personas públicas, entre otras razones.
La declaración de una causa como compleja implica que la duración de la instrucción podrá durar hasta dieciocho meses, un plazo que podrá ser prorrogado.
En este caso el juez, según un auto al que ha tenido acceso Efe, argumenta que "siendo previsible que la práctica de las diligencias pertinentes para la investigación no van a poder razonablemente practicarse en el plazo de seis meses desde la fecha de la incoación de las diligencias previas, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, procede declarar compleja la causa".
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha citado a declarar como investigados a Francisco Puig, hermano del president de la Generalitat, y a Rubén TrenzanoRubén Trenzano, director general de Política Lingüística, en el marco de una causa por malversación abierta tras una querella del PP para el próximo 10 de diciembre a las 9.30 horas.
La querella está firmada por la secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, que reclama que se investigue si la concesión de subvenciones para el fomento del valenciano a las empresas del hermano de Ximo Puig podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones.
Según detalla el PP en esta querella, Francisco Puig ha recibido alrededor de 600.000 euros en subvenciones públicas desde que su hermano ocupa la Presidencia de la Generalitat. Estas subvenciones, a juicio del PP, "constituyen una auténtica trama para conseguir fondos públicos mediante gastos cruzados, alquileres fraudulentos y nóminas de una gran familia".
Así, exponen que "las ayudas a las productoras de la familia del president implican a cuatro consellerias (Justicia, Turismo, Educación y Presidencia), a tres comunidades autónomas (Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón)" y recuerdan que la cadena pública À Punt "ya detectó que estas empresas pactaban precios".
La querella se centra, siempre según el PP, en la actividad de las empresas Comunicació dels Ports S.A. y Mas Mut Produccions S.L.U., ambas administradas por Francisco Javier Puig y beneficiarias, desde 2015, de 600.000 euros en ayudas económicas para el fomento del valenciano provenientes de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés.
A pesar de recibir ayudas de diferentes comunidades para el mismo fin (fomentar el valenciano), Francisco Puig Ferrer declaró no haber recibido otras subvenciones para la misma finalidad, según se detalla en la querella.
En este sentido, se indica que desde que Ximo Puig es president de la Generalita, las empresas de sus hermanos han incrementado sus ingresos en un 290 % después de tres años de pérdidas.
