La quema de la paja del arroz, ahora en el tejado de la Fiscalía Provincial de València, vuelve a dividir al complejo y diverso ecosistema del Parc Natural de l'Albufera. La denuncia presentada ante el ministerio público incide en el incumplimiento de los compromisos ambientales por parte de los productores agrarios, mientras se siguen cobrando las ayudas de la Unión Europea. Situación permitida bajo el paraguas de unas medidas excepcionales por razones fitosanitarias para evitar la anoxia, cuyo informe «no está disponible en la red», según el denunciante. Afirmación que colectivos ecologistas presentes en la junta rectora del parque corroboran. Lucía Moreno, de Acció Ecologista-Agró, aseguraba ayer que se han cansado de reclamar a la Conselleria de Agricultura, Emergencia Climática, Transición Ecológica y Desarrollo Rural, el documento de Sanidad Vegetal que justifica esas quemas. Sin éxito por el momento. «Tener acceso a ese informe previo es una cuestión de transparencia», señala Moreno. «Todos los años hay unas medidas excepcionales, la justificación sanitaria no la hemos visto aún y de existir sería una risa», remarcaba Mario Giménez, de SEO/Bird life.
La orden de conselleria por la que se regulan las ayudas de agroambiente y de clima procedentes de los fondos Feder es una «tomadura de pelo», coinciden. «Está redactada de tal forma que se justifica cualquier cosa y hagas lo que hagas estas cumpliendo», apuntaba Giménez, para quien el fiscal tiene un complicado papel auque tiene claro que si las premisas para la recogida no se cumplen, no deberían cobrarse subvenciones. «Se está subvirtiendo el espíritu ambiental de las mismas».
Desde la Comunidad de Pescadores de El Palmar, su presidente José Caballer, reclamaba a la administración autonómica «un seguimiento serio en la recogida de la paja». «Hay que obligarles a hacerlo y en eso la conselleria falla», señalaba, para acto seguido incidir en que el informe donde se justifican las medidas excepcionales «no aparece nunca». Si los restos de la cosecha no se retiran antes de la inundación pueden acabar pudriéndose (aguas negras) y eliminando el oxígeno, con la consecuente mortandad de peces. «Los problemas de l'Albufera se han de abordar por todos los agentes, pero no se ha convocado a la junta rectora», señala Caballer.
Ava-Asaja volvió a repetir ayer que actualmente la alternativa más ecológica y sostenible en la gestión de la paja del arroz es la quema, «tanto para preservar la calidad del agua como para mejorar la calidad del suelo y reducir el uso de fitosanitarios». «La retirada de la paja es una excelente solución pero es imposible de aplicar hoy en día en toda la superficie arrocera», señalaba. En ese punto, admite que en 2017 «las administraciones alcanzaron una retirada récord al prolongar las tareas cuatro meses, de septiembre a diciembre, sin apenas episodios de lluvia y no se pudo recoger más del 2 % de la superficie». «Mientras no exista capacidad tecnológica la retirada es una alternativa tramposa», reiteraban los agricultores. Una línea, la de la quema, que también defiende la Federación de Caza de la CV, colectivo presente en la Junta Rectora del Parc Natural, cuya presidencia está ahora vacante por la dimisión de Víctor Navarro.
Retirada de ayudas y multas
La denuncia por los fondos percibidos desde la UE para evitar la quema no es el único frente abierto en la gestión del parque natural. Juan Antonio Caballero, presidente de Cave-Cova, la confederación de asociaciones de vecinos y consumidores de la Comunitat Valenciana, recordaba ayer que está pendiente la visita del Comité de Peticiones de la Unión Europa, tras la queja solicitando el fin de las quemas por cuestiones de salud. «Tendrán que cambiar los planes o se retirarán las ayudas y habrá multas serias, la acusación ante Fiscalía es muy grave», señalaba Caballero. El órgano de la Eurocámara tiene carácter fiscalizador y sus técnicos pueden exigir cualquier documentación.
