La bronca política entre el PSPV y Compromís por la gestión de los fondos de Innovación que estuvo a punto el viernes de hacer saltar por los aires los presupuestos de la Generalitat de 2020 y casi el mismo Consell (con amagos de dimisión el más alto nivel en Innovación) tiene otra variante: la jurídica.
La decisión final de que determinadas líneas de subvención para los institutos tecnológicos se queden en el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) tiene, según algunas fuentes, un problema que podría acarrear consecuencias. Tanto el decreto que fija la estructura del Consell como el reglamento orgánico y funcional (ROF) de la Conselleria de Innovación blindan las competencias en materia de innovación e institutos tecnológicos para el departamento que dirige Carolina Pascual.
El ROF recibió el visto bueno del Ejecutivo y está pendiente de su publicación en el DOGV. Sin embargo, frente a esta normativa, el proyecto presupuestario que se ha llevado a las Corts contiene una fe de errores que reasigna al Ivace las líneas que, por cuestión competencial, habían pasado a la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).
En principio, una solución sería la modificación del propio ROF para evitar una contradicción que podría ser usado como base para un recurso por aquellos con un interés legítimo, por ejemplo, beneficiarios de la ayuda que quedaran fuera del reparto. También es dudoso que Intervención fiscalice esas ayudas.
