La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas cuenta con una red de residencias y centros -de estancia temporal o permanente, en régimen abierto y flexible- para personas adultas con discapacidad intelectual «que presentan necesidades de apoyo extenso y/o generalizado en su funcionamiento personal y social, y que, a su vez, carecen de oportunidades y apoyos adecuados que les permitan permanecer en su propio domicilio o en el domicilio familiar».

Este servicio funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año, y es gestionado por el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (Ivass), aunque solo tres de estos centros contaban con seguridad privada: la residencia Caixa Ontinyent, de Ontinyent; la residencia y centro de día Carmen Picó de Alzira; y la residencia y centro ocupacional Praga, de Rocafort. Sin embargo, esa vigilancia privada desapareció el pasado jueves 31 de octubre, lo que ha generado protestas por parte de los trabajadores, que temen «por su seguridad».

Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, sin embargo, argumentan la causa por la que se decidió contratar seguridad privada en estas instalaciones y porqué ahora se ha decidido quitarla. «En los tres casos se decidió contratar seguridad privada por cuestiones muy concretas. En la de Ontinyent porque es nueva, y el servicio se contrató mientras se estaba equipando, antes de que llegaran las personas usuarias, para evitar robos. En el caso de Alzira porque ha estado en obras y al ser un centro bastante grande y haber mucho movimiento de personal por las reformas, se decidió contratar seguridad privada para evitar problemas. Y en el caso de Rocafort se planteó por la existencia de algunos perfiles de usuarios más agresivos», explican desde la conselleria. Y añaden: «En las dos primeras (Ontinyent y Alzira) las circunstancias que motivaron el servicio ya no existen y en el tercero (Rocafort) se considera que la figura de un agente de seguridad privada no es el perfil más adecuado para un centro de carácter social».

Por ello, las mismas fuentes afirman que desde la conselleria que dirije Mónica Oltra «se va a trabajar para implantar personal que pueda realizar esas tareas de control de salidas y entradas pero con un perfil más social. El objetivo es que esta figura pueda estar en todos aquellos centros del IVASS en los que sea necesario».

Queja compartida

Y es que la «falta de seguridad» ya ha generado críticas en la residencia de Ontinyent, que han lanzado la voz de alerta. «El desencanto por la eliminación del apoyo de los vigilantes de seguridad en este centro es general y compartido por todos los trabajadores, por el hecho de que se sienten desprotegidos por algunos episodios agresivos de los usuarios (con intervención incluida de la policía); además, el centro está ubicado en una urbanización fuera del casco urbano, y es una zona donde los robos nocturnos en los chalés adyacentes se han convertido en una cosa habitual a los últimos años y esto aumenta la sensación de inseguridad general. Los familiares también han puesto de manifiesto su malestar al prescindir de este servicio», afirman fuentes cercanas al centro, que desconocen cuándo llegará la nueva figura que prevé el Consell.