Once comunidades autónomas incumplirán el objetivo de déficit del -0,1 % del PIB marcado para 2019, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que estima un déficit del -1,8 % en el caso de la Comunitat Valenciana.
Unas cifras que, según la Conselleria de Hacienda, demuestran que existe un grave problema de ingresos y no de gastos, ya que mientras estos últimos en la C. Valenciana crecen por debajo de la media (3,7 %, frente al 3,8 %), en el capítulo de ingresos el crecimiento del 1,2 % registrado en la Comunitat Valenciana se sitúa muy lejos del aumento del 2,8 % de la media autonómica.
Para el departamento que dirige Vicent Soler, mientras no se reforme el sistema de financiación, los datos apuntados por Fedea señalan la necesidad de hacer efectiva la recomendación que la AIReF realizó recientemente al Ministerio de Hacienda, en el sentido de establecer techos de déficit asimétricos en relación a las distintas situaciones de financiación que plantea el actual sistema, con CC AA como la cántabra, o la gallega, que reciben 800 y 500 euros más per capita, respectivamente, que la Comunitat Valenciana para gestionar los mismos servicios.
Con una situación similar a la de Cantabria o Galicia, la Comunitat Valenciana dispondría de 4.000 o 2.500 millones anualmente con un efecto directo sobre el déficit.
Desde Fedea se ha alertado del riesgo de entrar de nuevo en la senda del incumplimiento tras dos ejercicios con un déficit inferior al permitido.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha hecho público este lunes su "Observatorio fiscal y financiero de las comunidades autónomas", en el que señala que solo Navarra, Canarias, País Vasco, Galicia, La Rioja y Baleares están en condiciones de cumplir el objetivo de déficit.
La once restantes no lograrían el equilibrio presupuestario necesario para conseguirlo, especialmente Murcia, Extremadura y la Comunitat Valenciana, que son las que tienen más problemas.
De acuerdo con el informe, las comunidades han presentado hasta julio pasado un saldo en la contabilidad nacional corregido de anticipos de 3.090 millones de euros, lo que supone un empeoramiento de más 3.000 millones respecto a julio de 2018.
Fedea explica este deterioro en que el gasto presupuestario está creciendo el 6,6 %, superando ampliamente el límite del 2,7% que marca la regla de gasto para 2019.
Pero precisa que este crecimiento no se va a mantener en la segunda parte del año, porque la actualización salarial acordada para 2018 se hizo efectiva a partir de julio con efectos retroactivos, mientras que este año se ha aplicado desde el 1 de enero.
También porque ha sido año electoral en la mayor parte de las comunidades, lo que ha acelerado el ritmo de ejecución de los gastos en los primeros meses.
El informe achaca además el empeoramiento del saldo a la prórroga de las entregas a cuenta durante los primeros meses del año, lo que ha limitado el crecimiento de los recursos autonómicos al 1,9 %.
Incluso estimando la revisión al alza de las entregas a cuenta en la segunda mitad del año y las operaciones extraordinarias de 2018, la mayoría de las comunidades siguen sin poder cumplir con las exigencias.
El informe concluye así que la nueva senda de incumplimiento que apuntan los datos puede poner en riesgo la consolidación fiscal en próximos ejercicios.
En opinión de Fedea, hay síntomas de agotamiento de las medidas de consolicación fiscal puestas en marcha entre 2010 y 2014 y, para compensarlo, propone como fórmula más adecuada el incremento permanente de los ingresos, dado que España se encuentra entre los países de la Unión Eruopea con menor gasto en sanidad, educación y dependencia.
