La Audiencia de València ha impuesto dos años y medio de prisión al exalcalde de Quartell Francisco Huguet y a su asesor y exteniente de alcalde, Emilio Máñez, por ser cooperadores necesarios de un delito de malversación y prevaricación. Ambos han sido condenados por simular un contrato laboral en la sociedad pública Imelsa, ahora Divalterra, conocidos como los zombis de Imelsa.

Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los dos son condenados pese a que el tribunal concluye que el verdadero responsable de los delitos es Rafael Soler, exalcalde de La Pobla Llarga, exdiputado provincial del PP y exgerente de Imelsa; pero no le condena porque los cargos han prescrito.

Soler es el dirigente del PP que denunció a Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación, por los enchufes de directivos del PSPV y Compromís en Divalterra que se investigan dentro del caso Alquería.

Según la Audiencia, «realmente, como hemos razonado, la autoría material de los hechos enjuiciados corresponde a Rafael Soler, a la sazón, gerente de Imelsa, en aquella época; pero su posible responsabilidad penal está extinguida por prescripción, ya que no se dirigió la acción penal contra aquel antes de que transcurrieran diez años». Soler fue gerente de Imelsa entre 1999 y 2006, y asumió de nuevo la gerencia en 2015.

La decisión no es firme y fuentes de las defensas confirmaron a este periódico que recurrirán la decisión. La sentencia también ha condenado a los dos exdirigentes del PP de Quartell a que abonen a Divalterra la suma de 74.968 euros, correspondiente a los salarios indebidamente percibidos por Máñez entre los meses de abril de 2005 a agosto de 2007 y finiquito, más la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por las cantidades abonadas desde el mes de agosto de 2003 a marzo de 2005.

El tribunal afirma que «queda plenamente acreditado que la contratación laboral de Máñez no tenía otro objeto que burlar groseramente la prohibición legal de sobrepasar el número de asesores de la Diputación; lo cual todos los implicados sabían. Ello supone un apartamiento arbitrario de la legalidad, con el objeto de que Máñez siguiera obteniendo un sueldo público».

Especialmente elocuente, razona el tribunal, resultó el testimonio de Marcos Benavent, quien fue gerente de Imelsa desde 2007 hasta 2014. Benavent, el autodenominado yonki del dinero que colabora con Anticorrupción en las diligencias derivadas del caso Taula, es el gerente que materializó el despido de Máñez. El tribunal da por buena la versión de Benavent, quien declaró que se encontró con esta práctica «de contratar asesores a diputados por parte de Imelsa».

¿Por qué se recurría a esta práctica? Según la Audiencia «como no se podían poner más asesores, porque había un cupo, pues lo hacían desde Imelsa, se ponía la categoría de brigadista u otro» y se escondía que era un asesor. El resto de contratos se juzgarán en el caso Taula.