06 de noviembre de 2019
06.11.2019
Tribunales

El exconseller Font de Mora se desmarca en el juzgado de la trama de los colegios

Declara que no detectó ninguna irregularidad ni el cobro de comisiones en la empresa pública Ciegsa

06.11.2019 | 12:12
Alejandro Font de Mora.

El exconseller de Educación, Alejandro Font de Mora, se ha desmarcado este miércoles en los juzgados de València del presunto reparto de comisiones en la empresa pública Ciegsa a cambio de la concesión de colegios e institutos públicos de la Comunitat Valenciana y ha subrayado que ninguna constructora le trasladó personalmente que diversos altos cargos exigían el cobro de este peaje. Así se ha manifestado el exdirigente del PP de Castelló durante su declaración como testigo en la pieza seprada del caso Taula que investiga el funcionamiento de una presunta organización criminal en la empresa pública encargada de la construcción de centros públicos.

Font de Mora ha comparecido en el juzgado como testigo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil certificara en un segundo informe el presunto reparto de comisiones mientras Máximo Caturla, exvicepresidente de la Diputación de València, dirigía la sociedad pública, apéndice de la Conselleria de Educación. Font de Mora ha eludido las preguntas de los medios de comunicación al no acceder al edificio por la puerta principal.

En este sentido, según fuentes conocedoras de su declaración, Font de Mora ha confirmado que nombró a Caturla consejero delegado para mejorar la gestión de Ciegsa, y que cuando visitaba las obras no vio nada que le hiciera sospechar. La investigación polciial apunta a que los imputados se repartían comisiones que oscilaban entre el 3 % y 5 %.

Los antecedentes vinculados a la trama que durante años actuó con total impunidad en Ciegsa parten de las conversaciones mantenidas entre Máximo Caturla y Marcos Benavent, grabadas sin que nadie se diese cuenta por el exgerente de la empresa pública Imelsa, quien también fue asesor de la Conselleria de Educación.

La investigación policial se circunscribe al periodo en el que Caturla se encontró al frente de la mercantil pública (2003-2007). Sin embargo, los agentes han considerado necesario y relevante llevar a cabo un análisis de la configuración inicial de Ciegsa y el contexto en el que se creó.
El decreto de creación es del año 2000 y un año más tarde, en 2001, se aprobó el convenio que regula sus relaciones con la Conselleria de Educación.

Los agentes razonan que esta configuración inicial tuvo como resultado un aspecto que, atendiendo a lo que sucede posteriormente, habría tenido una «especial repercusión». Establece que «será Ciegsa la que se encargue de fijar el presupuesto de todas las licitaciones y efectuar las liquidaciones correspondientes».

Su primer gerente fue Javier García-Lliberós, exmarido de la exportavoz del Gobierno de Eduardo Zaplana, Alicia de Miguel, procesada por contratar con Gürtel. Esta circunstancia familiar fue determinante para llegar a Ciegsa, según reconoció el propio García Lliberós a la Guardia Civil.

Colegios bajo sospecha

La Intervención ha analizado irregularidades en la adjudicación de más de 50 centros, mientras que el análisis policial ha aflorado indicios de delito en otros 14. Uno de estos centros es el que se construyó en Museros, adjudicado a Construcciones Arción por 3,5 millones de euros. Nada más iniciarse la obra el presupuesto se incrementó un 16 por ciento.

Lo mismo ocurrió en la adjudicación del IES Río Turia de Quart de Poblet -el presupuesto se disparó un 18 % «sin justificación-, o en el CP Angelina Abad de Vila-real, donde el presupuesto creció en más de 600.000 euros «sin justificación». En el caso del IES Radio Exterior de Alicante, adjudicado a la constructora BM3, que diversos sumarios de corrupción vinculan con el clan Blasco, los sobrecostes llegaron al 20 %.

Parte de ese dinero, ha concluido ahora la Unidad Central Operativa tras diseccionar las grabaciones de Benavent, sirvió para que los presuntos recaudadores -Alfonso Rus, David Serra, Benavent o Ricardo Costa- se repartieran comisiones, generando incluso una guerra de laterales entre los partidarios de Camps y Zaplana. Tensiones entre un bando y otro por percibir dinero a costa de la educación pública.

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