Los cinco sindicatos que han negociado el preacuerdo del convenio colectivo del personal docente (PDI) laboral del Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV) aseguran que la Generalitat es «la única responsable de cambiar unilateralmente el acuerdo alcanzado entre universidades, sindicatos y la propia Generalitat».

CC OO, UGT, Intersindical Valenciana, CSIF y SEP se reunieron el martes por la tarde con representantes de la Conselleria de Innovación y Universidades para abordar la firma del convenio colectivo, del que existe un preacuerdo firmado en abril por la Conselleria de Educación -que en la pasada legislatura incluía la Dirección General de Universidad-, en concreto cuatro días antes de las últimas elecciones. Entonces, el compromiso fue firmar después de los comicios.

En un comunicado publicado ayer, los sindicatos aseguran que la Generalitat les trasladó el martes que «la partida presupuestaria de ocho millones correspondientes a las mejoras retributivas [para un periodo de tres años] ha sido autorizada», como la conselleria afirmó en octubre que iba a suceder. Asimismo, detallan que en el proyecto de presupuestos de 2020 «se ha incluido una partida de 14 millones», para hacer frente a los gastos del ejercicio del próximo año.

No obstante y a pesar de esto, los firmantes del comunicado manifiestan su malestar porque, según afirman en el escrito, la Conselleria de Universidades «no va a firmar el convenio colectivo» negociado durante más de tres años en la legislatura pasada. Las fuentes sindicales apuntan que el departamento que encabeza Carolina Pascual propone «la redacción de un preámbulo» que refleje el «compromiso con la negociación y como garantía de los compromisos económicos generados por el convenio».

Por esto, los sindicatos apuntaban ayer que la Generalitat es «la única responsable de cambiar unilateralmente el acuerdo» entre las tres partes y por ello aseguraron que es «quien tiene que generar las condiciones oportunas para que la firma se haga realidad».

La Comunitat Valenciana es, hoy por hoy, la única autonomía que no dispone de un acuerdo de este tipo. Su importancia radica en que establece unas condiciones comunes para el personal laboral de las universidades públicas valencianas, entre las que ahora existen diferencias de remuneración; y, con carácter general, también mejora las condiciones existentes.

Ayer, fuentes de la conselleria prefirieron no hacer declaraciones, pero sí confirmaron que la reunión se mantuvo y que Hacienda tiene en cuenta las partidas. El miércoles, la consellera afirmó que se mantenía el diálogo y se buscaba la «forma legal» de materializar el convenio.

Como ya anunció en octubre el comité de empresa de la Universitat de València, los sindicatos aseguran que seguirán movilizándose.