El juicio contra el exmarido de la vicepresidenta del Consell por un presunto delito de abusos sexuales a una menor tutelada marcó la última rueda de prensa de Mónica Oltra antes de las elecciones de este domingo.

La máxima dirigente de Compromís no lo tuvo fácil y la de ayer fue la comparecencia más embarrada a la que se ha enfrentado desde que accedió al gobierno autonómico. La vicepresidenta repartió responsabilidades entre las administraciones que han formado parte de este caso concreto, y también admitió fallos en la gestión y posterior tramitación de denuncias de abusos sexuales a menores tutelados por la Generalitat.

«Parece que algunas cuestiones que ya están en la legislación no se estaban aplicando o, al menos, no correctamente, y se vio la necesidad de hacerlo vía instrucción a todas las direcciones de los centros», razonó Oltra. Según la vicepresidenta, existía un protocolo previo de comunicaciones, pero parece ser se hacía «en un tiempo diferido, no inmediatamente». «Las cosas ya han mejorado», señaló.

Los presuntos abusos juzgados este jueves por la Audiencia provincial se produjeron a finales del año 2016, cuando la menor tenía 14 años. Según se expuso en el juicio, el 13 de enero de 2017 la víctima le contó los hechos a la trabajadora de un centro de día que administra su patrimonio.

En paralelo, la dirección territorial elaboró un informe sobre los supuestos abusos, aunque en el mismo solo se le preguntaba sobre los motivos por los que la menor pedía cambiar de centro. En la dirección territorial de la conselleria no dieron credibilidad a la denuncia y, por tanto, no se denunciaron los hechos.

Unos meses después, en junio, la víctima se derrumbó y relató los hechos a un agente de la Policía durante una visita rutinaria al centro en el que se encontraba. Tras tener conocimiento de los hechos, el agente trasladó el asunto a la Fiscalía de Menores, que inició una investigación que acabó con la interposición de una querella.

Tanto la Fiscalía, como el juzgado de instrucción y la forense que examinó a la denunciante sí que creyeron a la víctima pese a que el acusado negó los hechos. El caso quedó visto el jueves para sentencia.

Preguntada por la afirmación que hizó la Fiscalía en el juicio en que denunciaba la desprotección de la menor durante todo el proceso, Oltra negó que haya habido «ningún tipo de desprotección de ningún menor» y subrayó que «todos los requerimientos de Fiscalía se cumplen a rajatabla, como no puede ser de otra manera».

Oltra marcó distancias con el caso de abusos sexuales en el centro de Segorbe, que acabó en archivo, y afirmó que ordenó su cierre porque el centro llegó a un acuerdo con el monitor investigado. El pacto, según Oltra, consistía en no pagarle el finiquito por despido a cambio de no denunciar.

La vicepresidenta, al igual que la magistrada que presidía el juicio contra su expareja, lamentó el trato que recibió la denunciante en el juicio, quien estuvo esposada en un pasillo hasta prestar declaración. Pese a la gravedad de los hechos enjuiciados, Oltra aseguró que la conselleria que preside no puede hacer nada para evitar que el acusado siga tratando con menores tutelados hasta que se dicte la sentencia.

«Si pasa en un centro privatizado, la gestión de personal no depende de la conselleria, en todo caso lo que se pudo hacer es trasladar a la menor», insistió. La vicepresidenta repitió en varias ocasiones que Igualdad «no tiene mecanismos legales para hacer esto». «Hasta en el ámbito público debería ser con el consentimiento del trabajador si la plaza la tiene en propiedad», concluyó.