Se les prometió que, tras la reversión del área de Alzira a manos públicas, podrían mantener sus puestos de trabajo pero en qué condiciones iban a poder quedarse en ellos era una gran incógnita que aún está por despejar. Ayer, con consignas como «Por encima del contrato, queremos igual trato», parte de los 1.400 trabajadores del área de salud de la Ribera que fueron subrogados como personal laboral a extinguir salieron a la calle para defender sus derechos laborales y pedir un convenio colectivo «justo» ya que, conforme avanza la negociación con su nueva empleadora, la Conselleria de Sanidad, parece más claro que su estatus será diferente.

El problema es que parte de los derechos que tenían reconocidos como trabajadores de la empresa Ribera Salud, no tienen encaje dentro de la administración pública. Así se les trasladó la semana pasada en la primera reunión que mantuvo el comité de empresa con los representantes de la conselleria después de meses de espera.

Pese a que se les citó a un nuevo encuentro para este mes, los sindicatos del comité de empresa han decidido iniciar las movilizaciones (habrá otra el martes) para protestar por los «incumplimientos» del convenio que les ampara y que les reconocía, por ejemplo, la capacidad de promoción y movilidad interna o de jubilación parcial, derechos que ahora están en entredicho.

Desde los sindicatos convocantes criticaron que la dirección del departamento estaba incumpliendo ya el convenio, al tiempo que pidieron avances en las desigualdades que les alejan del personal estatutario de la conselleria como la jornada o los ratios de personal. «Nuestro deseo es que se reconduzca esta situación, y que se cambien las cosas. De lo contrario nos vemos abocados a un conflicto cada vez mayor», apuntaron desde el comité de empresa.