Ocho parques naturales de la Comunitat Valenciana siguen sin Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), mientras que los catorce restantes tienen una normativa obsoleta que en la mayoría de los casos se remonta a principios de la década de los años noventa. Algo que se repite con los Planes de Prevención de Incendios.
El PRUG es un documento fundamental pues en él se fijan, entre otros aspectos, la zonificación y las normas generales para la conservación, el uso público y la investigación en estos valiosos ecosistemas, tal como destaca el Ministerio de Transición Ecológica. Enclaves como Penyagolosa, Puebla de San Miguel, Sot de Chera, Túria, Serra Gelada, Marjal de Pego-Oliva, Tinença de Benifassà y l'Albufera carecen de esta herramienta técnica que articula las directrices para las actuaciones económicas en unos espacios generalmente sometidos a enormes presiones urbanísticas.
La ausencia de normativa actualizada se achacó en la anterior legislatura del Botànic al «abandono» y «los recortes» durante la larga etapa del Partido Popular. Lo cierto es que pese a ser uno de los compromisos adquiridos en la etapa de Elena Cebrián al frente de Medio Ambiente, los cuatro años de mandato se cerraron sin la elaboración o ampliación de un solo PRUG. El anterior director general de Medi Natural, Antoni Marzo, aseguró en varias ocasiones que la redacción de las distintas planificaciones iba a externalizarse por la falta de personal en el propio departamento, una «conselleria decapitada de recursos humanos por el PP», tal como se refiere a ella Mireia Mollà.
Hasta cinco de los PRUG en vigor se remontan a los años siguientes a la declaración como tales de los parques naturales. Están, por tanto, totalmente descontextualizados, mientras que el resto se redactaron y aprobaron cuando el PP estaba al frente de la Generalitat. Años en los que también se acometieron algunas revisiones. Es el caso de Santa Pola. En 2010 se modificaba el documento inicial de 1994, justificándose «por los cambios territoriales, socioeconómicos y ambientales experimentados por el espacio natural protegido y su área de amortiguación de impactos».
En el decreto, firmado por el entonces conseller Juan Cotino, se incidía en la necesidad de actualización, adaptación y ordenación de la zona a la nueva realidad, a la normativa general y específica vigente, y a las disposiciones generales derivadas del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante.
Disposiciones vinculantes
Las disposiciones de un PRUG vinculan tanto a la Administración como a los particulares y son de aplicación directa. Además, obligan a los planes generales de ordenación urbana de las localidades limítrofes a asignar las calificaciones del suelo de acuerdo con las normas, criterios y limitaciones establecidas por el PRUG.
El Síndic de Greuges ha recordado en más de una ocasión a la Administración autonómica la necesidad de «una atención preferente» hacia los parques naturales, «cuyos planes rectores de uso y gestión constituyen el marco en que han de desenvolverse las actividades directamente ligadas al espacio protegido».
El Parc Natural de l'Albufera cuyo futuro está en entredicho por la falta de aportes hídricos y el exceso de sedimentos, es uno de lo que también carece de Prug. El aprobado en 2004 se impugnó con una derogación parcial en 2008 y una posterior sentencia del Supremo que en 2012 anulaba diversos preceptos urbanísticos.
A día de hoy continúa siendo una asignatura pendiente que además impide que el enclave pueda optar a Reserva de la Biosfera, reconocimiento internacional que sí lograron hace unos meses el Alto Turia y las Hoces del Cabriel. Solo al final de la etapa de Elena Cebrián, en abril de 2019, salió adelante la modificación del régimen jurídico que aclara la situación urbanística de los terrenos del parque y elimina cualquier referencia a posibles reclasificaciones.
En cuanto al Penyagolosa, por cuya cima el Consell desembolsó en febrero 1,2 millones, la ausencia de plan de usos ha suscitado no pocas tensiones en los últimos años por la diferencia de opiniones sobre la realización de actividades deportivas, forestales o de caza dentro de sus dominios. Los trámites para la redacción del Prug se iniciaron en 2007 pero nunca fue sometido a información pública ni presentado a la Junta Rectora, sumándose a esa carencia la de un Plan de Prevención de Incendios.
