El discurso de odio que criminaliza a extranjeros, menosprecia a las mujeres y persigue la homosexualidad está empezando a encontrar su horma del zapato en los tribunales. La fiscal coordinadora de odio de la Fiscalía Provincial de València, Susana Gisbert, ha solicitado penas que suman más de cuatro años de cárcel y cerca de 14.000 euros entre multas e indemnizaciones al hombre que, en mayo pasado, insultó, vejó, persiguió y amenazó a dos mujeres bolivianas en la plaza del Ayuntamiento de València por el mero hecho de eso, de ser mujeres y extranjeras, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV.
Los hechos sucedieron alrededor de las doce y cuarto de la madrugada del 15 de mayo pasado, cuando las mujeres, a quien la jueza identifica en el procedimiento como víctimas 1 y 2 después de haberlas protegido para que pudiesen declarar sin temor a represalias, fueron supuestamente insultadas y aterrorizadas por el ahora procesado.
Ambas, que no se conocían entre sí, esperaban sendos autobuses en la plaza del Ayuntamiento de València, que debían coger en ese punto para regresar a sus domicilios -uno de ellos en un pueblo y el otro, en el extrarradio del cap i casal- después de una larga jornada laboral en València.
El ahora procesado, español y migrado desde un pueblo de Albacete, se dirigió a un grupo de personas que esperaban el bus y, según denunciaron las víctimas, refrendaron los testigos y recoge ahora la fiscal en su escrito provisional, les llamó «inmigrantes de mierda» y les gritó «que se fueran 'a su puto país'». Entonces «se encaró a la víctima 1, a quien le preguntó varias veces en tono insistente y desabrido si era española y, como quiera que no le respondió, se acercó hasta colocarse a escasos centímetros de ella y le dijo que sí que era extranjera y que tenía cara de puta, para, a continuación, amedrentarla afirmando 'soy nazi ¡Viva España!», recoge la Fiscalía.
Ante esa actitud, «la víctima 1 se levantó del asiento, siendo seguida por el acusado, que se aproximaba a ella», provocándole un estado de intenso miedo, tal como declaró a los policías locales que la asistieron aquella noche y que acabaron deteniendo al ahora procesado.
La segunda víctima del ataque xenófobo
Viéndola muerta de miedo, una segunda mujer, de 45 años y también boliviana, que no conocía a la primera, se acercó a ella para auxiliarla. Esta mujer, testigo protegido como la anterior y a quien la jueza de Instrucción número 10 de València identifica únicamente como «víctima 2», llamó a la policía, «siendo a su vez increpada por el acusado, quien en tono desafiante decía 'llama a la Policía, que ya he estado en la cárcel por violencia de género, todas las latinas sois unas putas'». Gracias a la llamada de la segunda mujer, acudió una patrulla de la Policía Local de València.
El sospechoso, lejos de amilanarse, mantuvo su actitud para con los agentes, a quienes, cuando le pidieron que se identificara, recuerda ahora la fiscal de odio, les espetó: «'A vosotros no os doy nada, que sois unos hijos de puta. Ojalá os maten a todos. ¡Gora ETA!' para, seguidamente, propinar un fuerte cabezazo a uno de los policías en un pómulo». Y continuó más tarde, ya que «trató de darle un mordisco en el traslado en el coche policial».
La Fiscalía mantiene que el acusado, de 60 años, con condenas y detenciones por violencia de género y por resistencia a la autoridad, realizó todas las manifestaciones vejatorias contra las dos mujeres «con ánimo de menoscabar su dignidad y menospreciarlas por razón de su origen».
Así, lo considera autor de un delito de odio recogido en el artículo 510.2 del código penal, de otro de atentado a agente de la autoridad y de un tercero de lesiones por el cabezazo al policía.
La fiscal Gisbert solicita, pues, que se siente en el banquillo y que sea condenado a un año y tres meses de cárcel, así como a una multa de ocho meses con una cuota diaria de 10 euros -1.920 euros-, por el delito de odio; a otros tres años de cárcel y multa de cuatro meses con una cuota diaria de 10 euros (1.200 euros) por el atentado; y a una multa de dos meses, a razón de 10 euros al día (600 euros), por el de las lesiones provocadas por el cabezazo al policía local. En total, cuatro años y tres meses de prisión y 3.720 euros en multas.
A ello hay que añadir 10.000 euros en concepto de indemnización por el daño moral a las víctimas. A la número 1, que ha requerido tratamiento psicológico a raíz del temor sufrido como consecuencia del incidente, debería pagarle 6.000 euros, a criterio de la fiscal, y a la número 2, 4.000 euros.
