Los tres grupos que dan sustento al Pacte del Botànic en las Corts (PSPV, Compromís y Unides Podem) se han comprometido a analizar durante el próximo año la implantación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana que iría enfocada al ámbito municipal y dentro de un paquete más amplio de fiscalidad aplicada a las políticas verdes.
Podemos estaba dispuesto a presentar una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2020 en defensa de la tasa turística, igual que ha hecho en los últimos años aunque sin éxito, ya que en todos los casos ha sido rechazada por sus socios. Sin embargo, Unides Podem decidió ayer no presentar esa enmienda después de arrancar a los socialistas un compromiso para estudiar en 2020 su aplicación.
Los tres grupos que conforman el Pacte del Botànic presentaron ayer en bloque las enmiendas como hasta ahora venían haciendo Compromís y PSPV mientras han gobernado en solitario. Solo aparece una que firman conjuntamente la coalición valencianista y la formación morada y de la que se desmarcan los socialistas que busca aplicar una tasa a la comercialización de bebidas azucaradas. Otra de las peticiones clásicas de Podemos cada vez que llega el período de enmiendas a los presupuestos, el avance hacia la implantación de la salud bucodental en la sanidad pública, lleva la firma de los tres socios.
Sin embargo, con el compromiso de estudiar la tasa turística vuelve a ponerse sobre la mesa una cuestión que ha resultado siempre muy polémica porque ni hay consenso entre los partidos para aplicarla ni tampoco en el sector turístico valenciano.
Podemos llegó a presentar en las Corts la pasada legislatura un estudio detallado para su aplicación. Compromís, que en principio era reacio también acabó por aceptarla e incluso trató de llevar la delantera en esta cuestión a finales de la pasada legislatura. Pero los socialistas siempre se han posicionado en contra y aunque esta cuestión apareció en las negociaciones del segundo Pacte del Botànic el pasado mes de junio, finalmente tampoco se incluyó en el acuerdo definitivo.
Pero Podemos nunca ha abandona su defensa. El pasado mes de junio en una entrevista en Levante-EMV, el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, aseguraba que la tasa turística era una herramienta de justicia social y anunciaba que su partido mantendría la presión en el ámbito parlamentario, como así ha ocurrido finalmente.
Aunque la derecha abomina de la puesta en marcha de la tasa, que funciona en otras autonomías como Cataluña y en diversos países europeos, Ciudadanos llegó a presentar la pasada legislatura una propuesta para crear una mesa de trabajo para estudiar la conveniencia de su implantación y sus efectos sobre el turismo.
En una reciente sesión de control, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, aseguró que no se puede demonizar la tasa turística porque se aplica sin problemas en numerosas ciudades europeas. Soler dijo que la cuestión no estaba sobre la mesa del Consell aunque se mostró partidario de estudiar a fondo su aplicación porque el modelo turístico valenciano no es en absoluto homogéneo porque nada tienen que ver Benidorm o Torrevieja con la ciudad de València o los municipios del interior. Ahora se ha acordado en el ámbito político ese compromiso de estudio.
Con todo, la posición de los socialistas sobre esta cuestión no es hermética. En la ciudad de València, la formación se ha mostrado favorable a su aplicación, aunque en el ámbito autonómico, ni el presidente Puig, ni el responsable de Turismo, Francesc Colomer, la ven con buenos ojos porque no cuenta con el apoyo del sector. Soler siempre ha defendido que es clave que el empresariado turístico esté de acuerdo porque si no es a través del consenso nunca será una medida útil que revierta en mejoras para el propio sector.
Sucesiones y rebaja del IRPF
Mientras, Ciudadanos ha registrado 67 enmiendas parciales a la Ley de Acompañamiento en las que pide suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y bajar el tramo autonómico del IRPF a las clases medias y trabajadoras. También buscan luchar contra la despoblación, favorecer la natalidad y rebajar tasas universitarias
Reclaman también que la Oficina de Conflicto de Intereses quede adscrita a la Agencia Antifraude en lugar de a la Conselleria de Transparencia para garantizar así que sea verdaderamente independiente.
Sobre la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, la formación naranja ha presentado una enmienda para blindar el presupuesto ante posibles subidas y que esté condicionado a la financiación por publicidad.
Mientras, el PP enmienda entre otras la asignación de 300.000 euros que habían sido consignados por Turismo a  Punt a través de una línea nominativa.
